Familiares de imputado habrían defraudado a SeNaSa con más de RD$41 millones en autorizaciones falsas
- Los imputados realizaban llamadas directas al Centro de Atención Telefónica de la entidad, donde se hacían pasar por prestadores de servicios utilizando nombres falsos
Santo Domingo.- Parientes del imputado Ángel Luis Guzmán Vásquez, quien ya cumple prisión preventiva por la primera fase de la Operación Cobra, constituyeron un clan familiar que logró generar más de RD$41 millones en autorizaciones médicas fraudulentas en perjuicio del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), vinculadas a la red del caso Cobra 2.0-A.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción elaborada por el Ministerio Público, los implicados Angeury Guzmán Vásquez (hermano) y Adonay María Carrasco Heredia (esposa), junto a exempleados de la ARS estatal, manipulaban el sistema del call center de la institución para tramitar dichas aprobaciones irregulares.
Para materializar la estafa, la red utilizaba códigos reales de médicos integrados al entramado criminal, quienes facilitaban sus credenciales a cambio de una parte del dinero asignado por consultas y procedimientos no realizados.
Medida de coerción y apresados
En la instancia figuran los excolaboradores de la ARS estatal Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova y Lucreisy Polanco Núñez.
Asimismo, están imputados una veintena de profesionales de la medicina: Einstein Rafael Borromé Valdez, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luis Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
El grupo permanece recluido en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia del Distrito Nacional, a la espera del conocimiento de la medida de coerción, en la que el Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva y la declaración de caso complejo.
4,363 autorizaciones desde la prisión y líneas familiares
El expediente detalla que Ángel Luis Guzmán Vásquez, exauxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas de SeNaSa entre marzo de 2021 y noviembre de 2022, continuó la articulación del fraude mientras cumplía coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
A través de tres números telefónicos manejados por sus parientes —su hermano Angeury, su esposa Adonay, Milagros Vásquez Gálvez y Ángel Guzmán Patricio—, la red gestionó entre el 28 de enero de 2021 y el 20 de febrero de 2025 un total de 4,363 autorizaciones fraudulentas de cirugía
menor ambulatoria y consultas especializadas. Estas operaciones acumularon un valor total de RD$41,125,551.02.
Suplantación de identidad y audios interceptados
Los imputados realizaban llamadas directas al Centro de Atención Telefónica de la entidad, donde se hacían pasar por prestadores de servicios utilizando nombres falsos como “Pedro Martínez”, “Ángel Beltré” o “Amauris Gutiérrez”.
Utilizando datos de afiliados reales que no requerían atenciones médicas y que no tenían conocimiento del trámite, lograban que la plataforma automatizada (IVR) o los auxiliares asignados aleatoriamente aprobaran los montos. La maniobra fue corroborada por los investigadores mediante grabaciones de audio interceptadas con autorización de un juez del Distrito Nacional.
La denuncia que destapó la red
El fraude comenzó a desmantelarse el 28 de noviembre de 2024, cuando SeNaSa interpuso una denuncia formal ante el Ministerio Público tras detectar irregularidades sistemáticas en su Gerencia de Salud y Afiliación.
Las pesquisas iniciales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) confirmaron la existencia del grupo organizado, compuesto por personal interno y médicos, dedicado a sustraer recursos del Estado dominicano a través del Sistema Dominicano de Seguridad Social.
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