Al menos 10 políticos dominicanos han sonado en expedientes de narcotráfico en los últimos seis años

FUNCIONARIOS

Santo Domingo.- En el imaginario colectivo, el traje de saco y corbata, los tacones, la camisa impecable y el maletín dibujan la imagen de un funcionario público: hombres y mujeres que, desde un despacho o una curul, están llamados a representar los intereses de la ciudadanía y velar por el bienestar común.

Sin embargo, en la política dominicana, detrás de esa imagen de formalidad y representación institucional han aparecido nombres de legisladores, regidores, alcaldes y otros funcionarios en expedientes judiciales por presuntos vínculos con el narcotráfico y el lavado de activos. Investigaciones que han alcanzado espacios de poder y representación pública, poniendo sobre la mesa los posibles nexos entre la política y el crimen organizado.

Entre investigaciones, acusaciones, extradiciones y condenas, varios nombres han salido a relucir durante los últimos años. Algunos llegaron a ocupar curules en el Congreso Nacional, otros dirigieron gobiernos municipales y algunos ejercieron funciones públicas mientras sus nombres aparecían en expedientes relacionados con el narcotráfico.

De las alcaldías a las curules

Uno de los casos que antecede a esta cadena de investigaciones es el de Yamil Abreu Navarro, quien en 2020 se desempeñaba como director de la Junta Municipal de Las Lagunas, en Padre Las Casas, provincia Azua, y era dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Abreu Navarro fue detenido en junio de ese año a solicitud de las autoridades estadounidenses, que lo señalaban como presunto cabecilla de una organización internacional de narcotráfico con supuestos vínculos con el cartel de Sinaloa. En septiembre, el entonces presidente Luis Abinader firmó el decreto que autorizaba su extradición y, en octubre, fue entregado a Estados Unidos para responder por cargos relacionados con distribución y posesión de heroína.

Su historia tuvo una nueva actualización en octubre de 2026, cuando salió de prisión en Estados Unidos tras permanecer aproximadamente seis años privado de libertad. Un juez le concedió libertad bajo fianza de 350,000 dólares. Su excarcelación no equivale a una absolución ni permite dar por concluido su proceso judicial.

Un año después, en 2021, otro exfuncionario municipal apareció en las noticias. Se trata de Erquidenio Balbuena Águeda, exalcalde de Las Galeras, Samaná, por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quien fue reclamado por la justicia de Puerto Rico por acusaciones relacionadas con narcotráfico.

Balbuena fue arrestado en República Dominicana y posteriormente aceptó voluntariamente su extradición para responder ante las autoridades puertorriqueñas por los cargos que se le atribuían.

Ese mismo año, la atención también se dirigió hacia el Congreso Nacional, donde varios legisladores fueron mencionados en investigaciones relacionadas con narcotráfico y lavado de activos.

Uno de los casos de mayor repercusión fue el de Miguel Gutiérrez Díaz, diputado por Santiago del PRM, arrestado en mayo de 2021 en Miami, Estados Unidos, mientras todavía ejercía sus funciones legislativas.

Las autoridades estadounidenses lo acusaron de participar en una estructura internacional dedicada al tráfico de cocaína. En diciembre de 2023 se declaró culpable de conspiración para traficar drogas y lavado de dinero. En abril de 2024 fue condenado a 16 años de prisión.

También figura Rosa Amalia Pilarte López, exdiputada por La Vega, del PRM, cuyo proceso estuvo relacionado con una estructura de lavado de activos vinculada al narcotráfico y encabezada, según el Ministerio Público, por su esposo, Miguel Arturo López Florencio, conocido como Micky López.

La acusación sostenía que se utilizaron empresas y operaciones financieras para introducir recursos ilícitos al sistema económico formal. En mayo de 2024, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia la condenó a cinco años de prisión por lavado de activos. La sentencia fue ratificada por el Pleno de ese alto tribunal en agosto de 2025 y ejecutada en septiembre de ese año.

En el expediente de la Operación Falcón también aparecieron los nombres de Nelson Rafael Marmolejos Gil, diputado del PRM por Santiago; Faustina Guerrero Cabrera, legisladora de esa misma organización por El Seibo; y Héctor Darío Féliz Féliz, representante de Pedernales por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

El Ministerio Público los vinculó a diligencias investigativas sobre la estructura criminal desmantelada mediante esa operación.

En el caso de Marmolejos, el expediente hacía referencia a comunicaciones con personas imputadas y a una supuesta intermediación para conseguir gestiones relacionadas con una obra pública.

También se investigaron las relaciones de Guerrero Cabrera con Juan Maldonado Castro, entonces director de Comunidad Digna e imputado en el proceso, mientras que a Féliz Féliz se le cuestionó por haber transportado a Maldonado en su vehículo.

Los tres legisladores rechazaron los señalamientos. En septiembre de 2021, el Ministerio Público solicitó a la Suprema Corte de Justicia la designación de un juez de instrucción especial para controlar las investigaciones.

En enero de 2024, la Suprema designó nuevamente un magistrado para autorizar diligencias investigativas relacionadas con estos legisladores. La aparición de sus nombres en el expediente no equivale a una condena penal.

Otro caso que alcanzó sentencia fue el de Gladis Sofía Azcona de la Cruz, exdiputada del PLD, condenada en abril de 2025 a ocho años de prisión por su vinculación con el caso FM, una investigación sobre lavado de activos relacionados con el narcotráfico.

El proceso también involucró a su hijo, Ramluis Mejía Azcona. Según la acusación, la estructura utilizaba empresas para dar apariencia de legalidad a recursos procedentes de actividades ilícitas.

Tras conocerse la sentencia, la defensa de la exlegisladora anunció que apelaría la decisión y solicitó su absolución, alegando que sus bienes tenían origen lícito.

En mayo de 2025, otro representante municipal apareció en las investigaciones estadounidenses. Se trata de Edickson Herrera Silvestre, conocido como Yeyea, regidor del Distrito Nacional por el PRM, quien se entregó a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Herrera era requerido por una acusación federal relacionada con una presunta red internacional de narcotráfico que habría operado entre República Dominicana y Miami.

En el mismo expediente fue señalado el general retirado de la Policía Nacional William Durán Jerez, quien también se entregó a las autoridades estadounidenses en junio de ese año.

El caso provocó una reacción del PRM. La organización informó que había recibido previamente una denuncia informal sobre el regidor y que había iniciado un procedimiento disciplinario a través de su Fiscalía Nacional.

El partido recordó que sus estatutos contemplan la suspensión y eventual expulsión de miembros que incurran en conductas vinculadas al crimen organizado, respetando el debido proceso.

La lista volvió a ampliarse este jueves con Willy Zorrilla, regidor del municipio de Higüey, quien figuraba, entre más de 30 personas detenidas, en una operación contra una presunta estructura de narcotráfico y lavado de activos.

El operativo, encabezado por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público, con participación de la DEA, incluyó allanamientos simultáneos en localidades de La Altagracia, El Seibo, Santiago, el Distrito Nacional y Santo Domingo Este.

De acuerdo con las informaciones preliminares, las autoridades investigan una organización que presuntamente enviaba cargamentos de drogas hacia Estados Unidos y Europa, además de utilizar mecanismos financieros para movilizar y ocultar los recursos derivados de esas actividades.

La detención del regidor se produjo en el marco de una investigación que también involucra a empresarios y otras personas. Al momento de la publicación de la noticia, las autoridades no habían individualizado públicamente todos los cargos que podrían formularse contra los detenidos.

El caso vuelve a colocar a un representante municipal en el centro de una investigación por narcotráfico. No obstante, todavía corresponde al Ministerio Público determinar la responsabilidad individual de cada detenido y presentar las evidencias ante los tribunales.

Responsabilidad de partidos políticos

La reiteración de casos en los que aparecen legisladores, alcaldes, directores municipales y regidores plantea una pregunta que va más allá de la responsabilidad penal de cada persona: ¿qué controles aplican los partidos políticos antes de presentar a un candidato y qué hacen cuando uno de sus representantes aparece vinculado a una investigación criminal?

La selección de candidaturas no debería limitarse a la popularidad, los recursos económicos o la capacidad de movilización electoral.

Esto supone una responsabilidad institucional para los partidos políticos, llamados a verificar los antecedentes de sus aspirantes, fiscalizar la procedencia de los recursos utilizados en las campañas y detectar posibles vínculos con actividades ilícitas.

El desafío no termina con establecer mecanismos de supervisión y transparencia en el financiamiento electoral; también implica que las organizaciones tengan la voluntad de aplicar sus estatutos y actuar ante cualquier señalamiento que comprometa a sus representantes, respetando siempre el debido proceso.

Cuando una persona llega a una curul, una alcaldía o una sala capitular, no representa únicamente sus intereses particulares, sino también a la organización política que la llevó a esa posición y la confianza que los ciudadanos depositaron en ella.

Por eso, el problema trasciende los nombres que aparecen en los expedientes judiciales. La verdadera preocupación está en los controles que permiten o impiden que espacios concebidos para servir a la sociedad puedan ser utilizados en beneficio de intereses contrarios a la ley.

Al final, no solo queda comprometida la imagen de un funcionario, sino también la credibilidad de las instituciones democráticas.

Sobre el autor

Katherine Espino

Katherine Nicole Espino Cuevas. Periodista, locutora profesional y CMM. Máster en Comunicación Política Avanzada por Next Educación (Madrid). Amante de la escritura bien hecha, las historias con sentido humano y las causas sociales. Creo en la comunicación con propósito, en los valores y en la fe que transforma.