Resulta desconcertante tratar de hacer las cosas bien hechas en un país donde parece que la corrupción está en el tuétano de muchas personas.

Las leyes de transparencia y anticorrupción ayudan a contener muchas cosas, pero siempre aparecen los que descubren los huecos para hacer trampa dentro del marco de la ley.

Por ejemplo, los procesos de licitación buscan que las instituciones obtengan los mejores bienes y servicios a los mejores precios. Por eso se genera un cierto ambiente de competencia.

Pero eso no basta.
El ordenamiento da herramientas para contener a quienes quieren defraudar al Estado, pero no facilita las herramientas para quienes quieren defender el dinero del Estado. Parecen extrañas estas palabras, pero nos explicamos.

Si una entidad bien intencionada licita por comparación de precios (al tratarse de bajos montos) un bien y servicio en el que la cantidad de posibles suplidores es escasa, basta con que un intermediario logre que no participen (puede ser pagándoles a ejecutivos de las empresas) y así ser él el único licitante a los precios que establezca.

Sólo la determinación del titular pudiera darle frente a esa forma de engaño, pero en la lógica de la licitación esos intermediarios pudieran salirse con la suya.

También se hace necesario que en las licitaciones los que defienden el interés público tengan espacios para negociar hacia la baja luego de desvelados los valores ofertados.

Pudiera parecer que hacer lo correcto en este país es difícil, pero hacen falta algunos caras duras que lo intenten. De esos también hay.