Santo Domingo.-Más de 8,000 registros penales eliminaron o adulteraron los empleados de la Procuraduría que son implicados en la red denominada Operación Gavilán, a cambio de altas sumas de dinero en sobornos.

Así consta en la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, en la que se establece que los detenidos utilizaron su posición con acceso a la base de datos de registros penales para cometer acciones ilícitas.

Desde marzo de 2022, la Dirección de Persecución inició la investigación contra la red integrada por fiscales de distintas jurisdicciones, empleados administrativos de la Procuraduría, miembros de la Policía, personal de Migración y empresas.

En el documento se establece que en la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Procuraduría General y varias fiscalías se ejecutaron maniobras informáticas para alterar, borrar, modificar, afectar y dañar los datos de ciudadanos que violentaron leyes penales.

Los vinculados a la red Operación Gavilán crearon un esquema criminal con ramificación nacional que funcionaba bajo la estructura de solicitud de eliminación de antecedentes a personas con delitos graves, consulta, precio, pago en efectivo o transferencia, consulta de comprobación, expedición de certificación de no antecedentes penales y “franqueo” para salir del país.

En la instancia se indica que la estructura criminal utilizó por años un esquema fraudulento, que fue perfeccionado a “partir del 2018, incrementando de manera significativa a partir de lo que denominaban ‘la vuelta’”.

Los empleados de la Procuraduría, que integraban el grupo criminal, trabajaban de manera organizada y sistemática, cada uno tenía una clara división de roles, con características propias con el objetivo de beneficiar a los miembros de bandas delictivas con un alto perfil, a quienes prestaban un servicio permanente para borrar registros penales por sobornos.

En el grupo criminal integraron a parejas, familiares y relacionados para realizar los movimientos financieros del dinero recibido de parte narcotraficantes, sicarios, violadores sexuales y otros delincuentes, para evadir la persecución.

Los participantes
De acuerdo al Ministerio Público, Carlos Santa Abad, coordinador de la Fiscalía de la provincia Monte Plata, por orden del imputado Mártires Rosario Reyes, se dedicaba a cobrar a los usuarios para el retiro de fichas de manera irregular.

Los retiros no solo se les realizaba a quienes no estaban sujetos a registro criminales, sino también a personas con procesos judiciales abiertos.

Santa Abad reveló en los interrogatorios que tenía un contacto en la Procuraduría General República, que se encargaba de la eliminación de las fichas o antecedentes penales, y tenía la condición de ser el soporte técnico del Departamento de Tecnología de la Procuraduría General de la República.

Las altas sumas de dinero cobradas eran recibidas también por miembros de la red desde la fiscalías de l Romana, Independencia, y Barahona,
El Ministerio Público pudo determinar que Rosario Reyes acumulaba algunos meses sumas que superaban los RD$200 mil, lo que se hacía vía transferencias bancarias.

Mediante una orden de la coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, se pudo interceptar el teléfono del Morbán Santana, a partir de diciembre de 2022, lo que permitió la comprobación de las maniobras ilícitas de la red.

Este permiso facilitó que el Ministerio Público descubriera que Rosario Reyes y Alfredo Mirambeaux accedían al sistema exclusivo de la Procuraduría para alterar informaciones.

Beneficios

— Propiedades
Los implicados en la red Operación Gavilán, adquirieron bienes y servicios a través de la alta suma que cobraban para la eliminación o adulteración de los registros penales a vinculados en el crimen organizado.

Ministerio Público pide prisión a imputados
Coerción. El Ministerio Público solicita prisión como medida de coerción a los imputados en la red Operación Gavilán, acusados de borrar antecedentes penales a delincuentes ligados a estructura de criminales peligrosos, y que se declare complejo el proceso.

Un juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá a las 10:00 de la mañana de hoy la solicitud de medida de coerción contra varios empleados de la Procuraduría, a policías y otros implicados. El grupo es acusado de asociación de malhechores, soborno, cibercrimen, lavado de activos y otros delitos.