Santo Domingo. Mientras las modalidades del narcotráfico y el crimen organizado evolucionan, los organismos de seguridad de República Dominicana continúan sustentando buena parte de su persecución penal en una legislación promulgada hace 38 años.
Se trata de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, vigente desde 1988 y que ahora el Congreso Nacional se dispone a revisar ante las limitaciones que, según las propias autoridades, presenta para enfrentar las nuevas formas de tráfico de sustancias ilícitas.
El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, considera urgente actualizar este marco jurídico para que el país pueda responder con mayor eficacia al crimen organizado y mantenerse acorde con las normativas internacionales.
La preocupación cobra especial relevancia frente a la aparición y expansión de nuevas sustancias elaboradas mediante procesos químicos, así como ante mecanismos de operación del tráfico de drogas que no estaban contemplados cuando fue aprobada la legislación hace casi cuatro décadas.
“Por eso reviste de tanta importancia que la República Dominicana se ponga acorde con todas las normativas internacionales”, sostuvo Cabrera Ulloa durante su participación en el taller “Retos y desafíos en la legislación sobre drogas en la República Dominicana”, realizado en el Senado con la participación de representantes del Congreso, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Una legislación de 1988 frente a un delito que ha cambiado
Para el titular de la DNCD, uno de los principales desafíos de la legislación vigente es que no contempla de manera adecuada algunas modalidades vinculadas a las drogas sintéticas, sustancias producidas en laboratorios mediante componentes químicos.
Aunque las autoridades reconocen que actualmente República Dominicana no registra una incidencia significativa de drogas sintéticas, entienden que el país debe anticiparse a un eventual crecimiento de este fenómeno y contar con las herramientas legales necesarias para enfrentarlo.
La actualización de la Ley 50-88 también incluiría nuevas figuras jurídicas que permitan perseguir las operaciones de narcotráfico desde sus primeras etapas.
Entre ellas, Cabrera Ulloa plantea incorporar la conspiración, una figura que, según explicó, permitiría a las autoridades actuar ante la planificación o el intento de cometer delitos relacionados con el tráfico de drogas.
“Porque eso abre más el espacio para nosotros poder hacer los procesos desde que se inicia el intento de traficar la sustancia ilícita, hasta el final”, dijo.
El funcionario también considera necesario modificar el tratamiento de la reincidencia en delitos de drogas. Aseguró que existen personas que han sido arrestadas en reiteradas ocasiones por actividades relacionadas con el narcotráfico y que, pese a ello, continúan recibiendo las penalidades mínimas.
“Porque hemos visto que hay personas a las que les arrestamos cinco, seis, siete, ocho veces y continúan con la penalidad mínima”, manifestó.
La propuesta busca que la reincidencia tenga un peso mayor al momento de establecer las sanciones para quienes persistan en actividades de tráfico de drogas.
Reforma de la Ley 50-88 llegará al Congreso
La discusión sobre la actualización de la Ley 50-88 ya comenzó a tomar forma en el Congreso Nacional. La procuradora general de la República anunció que la institución depositará el 15 de septiembre una primera versión de su propuesta de reforma a la ley de drogas.
El proyecto contemplará nuevas modalidades de tráfico de drogas ilícitas y las sanciones correspondientes, aunque la reforma no estaría enfocada exclusivamente en aumentar las penas.
De acuerdo con lo explicado por la procuradora, la reforma de la legislación sobre drogas también procurará establecer políticas de prevención frente al consumo de sustancias y fortalecer la capacidad de respuesta del Estado.
El reto para el Congreso Nacional será, por tanto, actualizar una legislación que ha servido durante 38 años como base para la persecución del narcotráfico, pero que fue concebida en un escenario criminal muy distinto al actual.
Las autoridades buscan que la reforma permita cerrar esas brechas antes de que las nuevas modalidades del tráfico de drogas, particularmente las drogas sintéticas, representen una amenaza de mayor magnitud para el país.