Jonathan Yera: el presunto jefe de una red de narcotráfico que cayó en Punta Cana con contratos inmobiliarios y criptomonedas
- La operación Fast Lap es el resultado de una investigación que se remonta a septiembre de 2023 y que tuvo entre sus puntos de partida el análisis de comunicaciones realizadas mediante sistemas cifrados.
Santo Domingo.- La operación Fast Lap vincula a la estructura con más de 1,500 kilos de cocaína y un sofisticado esquema de lavado mediante propiedades de lujo. Los investigadores detectaron operaciones inmobiliarias en República Dominicana, mientras que en el inmueble allanado en Punta Cana fueron encontrados contratos relacionados con préstamos e inmuebles, billeteras de criptomonedas, relojes de lujo y tarjetas bancarias.
Santo Domingo.- La captura en Punta Cana del español Jonathan Yera Pozo, de 41 años, abre en República Dominicana una vertiente de una amplia investigación internacional sobre narcotráfico y lavado de activos que tiene entre sus principales componentes las inversiones inmobiliarias y que, según las pesquisas desarrolladas en España, también alcanzó territorio dominicano.
Yera Pozo fue detenido en un inmueble del distrito municipal Punta Cana, provincia La Altagracia, como parte de la operación internacional Fast Lap, en cumplimiento de un requerimiento de la Suprema Corte de Justicia para arrestarlo con fines de extradición a España.
Las autoridades españolas lo señalan como uno de los principales responsables y presunto cabecilla de una organización criminal investigada por tráfico internacional de drogas y lavado de activos. Las investigaciones desarrolladas en España han identificado operaciones inmobiliarias de la estructura en República Dominicana y Dubái, además de cuantiosas inversiones en propiedades, promociones inmobiliarias y viviendas de lujo principalmente en Ibiza, Marbella, la Costa del Sol y Madrid.
Hasta el momento las autoridades no han identificado públicamente cuáles serían las propiedades dominicanas vinculadas a la organización ni quiénes aparecen formalmente como sus propietarios.
El Ministerio Público informó que durante el registro fueron ocupados contratos relacionados con préstamos e inmuebles, además de matrículas y certificados de propiedad de vehículos, tarjetas bancarias nacionales e internacionales y otros documentos.
La información oficial no especifica a qué propiedades corresponden esos contratos, quiénes figuran como las contrapartes de las operaciones ni si los inmuebles están ubicados en República Dominicana.
La Procuraduría se ha limitado a precisar que la operación fue realizada en un inmueble del distrito municipal Punta Cana.
Criptomonedas, relojes y un Mercedes-Benz
Las autoridades dominicanas encontraron tres billeteras frías de criptomonedas Ledger, dispositivos utilizados para almacenar fuera de línea las claves que permiten acceder a activos digitales.
También fueron ocupados teléfonos celulares, una computadora MacBook Air y tabletas iPad, Samsung y SPC.
A esto se agregan siete relojes de alta gama, entre ellos piezas de las marcas Rolex, Hublot y Richard Mille, además diversos juegos de joyería.
Las autoridades confiscaron igualmente un Mercedes-Benz GLS 580 4Matic, así como US$11,500 y RD$79,815 en efectivo.
Los investigadores también ocuparon tarjetas bancarias emitidas tanto en República Dominicana como en el extranjero, un elemento que podría contribuir a reconstruir las operaciones financieras realizadas por Yera Pozo mientras permanecía en territorio dominicano.
Una investigación que comenzó con mensajes cifrados
La operación Fast Lap es el resultado de una investigación que se remonta a septiembre de 2023 y que tuvo entre sus puntos de partida el análisis de comunicaciones realizadas mediante sistemas cifrados.
A partir de esas informaciones, los investigadores españoles fueron reconstruyendo una estructura que supuestamente combinaba el transporte internacional de cocaína con sofisticados mecanismos para introducir las ganancias ilícitas dentro de la economía formal.
Las pesquisas vincularon a la organización con cuatro decomisos realizados en Panamá que, conjuntamente, superaron los 1,500 kilogramos de cocaína.
Según la investigación, la droga procedía fundamentalmente de Colombia y Panamá y era enviada hacia Europa utilizando contenedores marítimos.
La organización habría utilizado modalidades conocidas como “gancho ciego”, “rip off” o “preñado”, mediante las cuales los cargamentos de cocaína son introducidos u ocultados dentro de cargas comerciales transportadas en contenedores.
Del narcotráfico al lavado para terceros
Según las investigaciones españolas, la organización no se habría limitado a blanquear las ganancias procedentes de sus propias operaciones. Con el tiempo habría desarrollado mecanismos financieros y societarios que podían ser utilizados por otras organizaciones criminales para ocultar el origen o la propiedad de sus recursos, a cambio de comisiones.
Los investigadores han definido ese modelo como “crime as a service”, es decir, poner una infraestructura criminal especializada al servicio de terceros.
Dentro de ese engranaje, el sector inmobiliario habría desempeñado un papel fundamental.
95 inmuebles bloqueados
Las autoridades españolas han informado del bloqueo de 95 inmuebles y alrededor de 200 bienes muebles relacionados con los investigados.
En total fueron detenidas 27 personas, 26 en España y Yera Pozo en República Dominicana.
Los arrestos españoles se produjeron en Madrid, Málaga, Ibiza, Pontevedra, Almería y León, dentro de una operación coordinada internacionalmente con participación de Europol.
Las actuaciones internacionales fueron coordinadas con organismos de República Dominicana, España, Estados Unidos y la Unión Europea.
En el operativo que culminó con el arresto de Yera participaron el Ministerio Público dominicano, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), la Policía Nacional española, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el Proyecto GDIN y Europol.
En República Dominicana las labores estuvieron bajo la coordinación de la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.