La Paz, Bolivia.- El presidente de Bolivia, Evo Morales, se abrió a un diálogo con la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) durante una reunión mantenida anoche en Casa de Gobierno en la que se discutió amplia y públicamente sobre la situación de libertad de expresión y el derecho a la información en el país.
El presidente Morales, durante una reunión de más de dos horas con una delegación internacional de la SIP ante la prensa nacional y extranjera, expresó su disposición a mantener una actitud de diálogo con la organización hemisférica y aseguró que su gobierno mantendrá tolerancia y respeto a la libertad de prensa. Asimismo, dijo que su administración impulsa una ley de acceso a la información pública, que investigará y castigará agresiones contra periodistas y medios de comunicación, así como el asesinato de dos periodistas ocurridos en 2001 y 2008, que todavía permanecen impunes.
La reunión se realizó en el Palacio de Gobierno, y el presidente Morales estuvo acompañado por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, y el vocero gubernamental, Iván Canelas.
El presidente Morales y sus funcionarios hicieron una presentación audiovisual sobre publicaciones de prensa, a las que calificaron de ser injuriosas y difamatorias de la labor de gobierno. También denunciaron corrupción de la prensa en casos específicos, mientras que acusaron a los medios y sus propietarios de jugar un papel de oposición política.
Sobre este tema, la SIP sostuvo que la libertad de prensa implica el respeto al derecho de expresión en su manera más amplia y la tolerancia a la diversidad de puntos de vista sin importar ideologías o afinidades políticas o económicas; y que la institución no defiende intereses de empresas sino principios fundamentales que son baluartes de la democracia.
El presidente Morales dijo que cada día soportamos mentiras y calumnias y que aquí hay libertinaje y abusos de libertad de prensa, pero reiteró que su gobierno será tolerante.
Más allá de la entrevista con el Presidente, la misión de la SIP, tras dos días de reuniones con representantes de los poderes públicos, asociaciones civiles y periodísticas, medios de comunicación y con reporteros y editores, manifestó su preocupación por un clima de deterioro de la libertad de prensa.
Enrique Santos Calderón, presidente de la SIP, dijo que existe libertad de prensa en este país, eso no se puede negar por lo que uno escucha, ve y lee, manifestaciones de toda índole; pero, no obstante, es preocupante que la radicalización de las posiciones políticas en cuanto a todos los temas de la vida nacional y la exacerbada polarización hace que se esté gestando un clima muy peligroso para la libertad de prensa y las demás garantías y libertades constitucionales.
En ese sentido, la misión de la organización expresó al presidente Morales varias preocupaciones sobre la relación gobierno prensa e insistió en que le cabe a las autoridades respetar la libertad de prensa y de expresión como componentes básicos para la democracia.
Entre esas inquietudes, la SIP mencionó que hay evidencias concretas de que el gobierno central discrimina a la prensa nacional por sobre la internacional al no ofrecer conferencias de prensa o hacer más difícil el acceso a la información pública. En medio del ambiente de confrontación que existe, la SIP también lamenta que se busque dividir al gremio periodístico diferenciando a quienes son periodistas o propietarios, o entre reporteros de medios gubernamentales y privados.
También la organización hemisférica recabó información sobre la existencia de una política oficial de amedrentamiento contra medios y periodistas que se manifiesta en la descalificación pública del trabajo periodístico tratando de minar su credibilidad. La SIP entiende que esos mecanismos de intimidación y acoso incentivan a grupos radicales, a través de atentados o amenazas de muerte a medios y periodistas, o en presiones directas a las políticas editoriales de los medios.
Gonzalo Marroquín, vicepresidente de la SIP, expresó que cuando el amedrentamiento contra los periodistas es incentivado o, al menos, tolerado por el Estado se está enfrente de un instrumento de censura directa. Añadió que la preocupación se debe a que también las agresiones son cometidas en contra de periodistas y medios del Estado.
La SIP considera que la polarización dificulta no solo el ejercicio de la profesión periodística, sino además de la libertad de expresión de todos los bolivianos. En ese sentido, mostró su preocupación por una estrategia comunicacional del gobierno central a través de spots publicitarios y solicitadas en los medios de comunicación con el fin de descalificar a disidentes y opositores.
Si bien la prensa está sujeta a la acción de la justicia por cualquier abuso que pudiera cometer, llama la atención a la SIP que se haya dado el primer juicio de un presidente contra un diario, como en el caso de La Prensa que pudiera desencadenar una nueva forma de acoso para buscar que el periodismo se autocensure. La SIP seguirá con atención el desarrollo de este proceso judicial.
La misión también expresó su inquietud por la creación, con fondos públicos, de parte del gobierno de una red de comunicación radio televisiva que es utilizada con fines más propagandísticos que públicos, y por la presunta compra de medios privados. La SIP también recibió denuncias que concuerdan con los informes que semestralmente eleva la organización en materia de libertad de prensa, referentes a quejas de los medios privados sobre que existe discriminación en materia de publicidad oficial así como presiones directas en materia de auditorías económicas y fiscales. También existe inquietud sobre la discriminación política en torno a la no renovación de licencias y concesiones de radio y televisión.
Durante la conferencia de prensa al final de las jornadas de la misión, la delegación recogió la queja de los periodistas que se sintieron ofendidos por los dichos del presidente Morales en la reunión con la SIP, en la que calificó a los reporteros de La Paz como pollos de granja y a los que hay que educar, justificando que por su forma de gritar y preguntar en forma desorganizada no les ofrecía conferencias de prensa.
La SIP exhortó al presidente Evo Morales que interceda para que el Estado busque los mecanismos necesarios para que no queden en la impunidad los asesinatos de los periodistas Juan Carlos Encinas (2001) y Carlos Quispe Quispe (2008). Al respecto, se obtuvo de parte de la Presidencia, una respuesta favorable de que se investigará y castigará a los responsables de estos crímenes.
En reunión con diputados y senadores nacionales, la delegación de la SIP expresó la necesidad de que el Estado boliviano trate de crear un andamiaje legal para fortalecer la libertad de prensa y de expresión, a través de una ley de acceso a la información pública y transparencia, así como la eliminación del delito de desacato y la despenalización de los delitos de injurias y calumnias.
En ese sentido, la diputada oficialista Elizabeth Salguero, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, dijo que presentará al pleno un proyecto de ley sobre acceso que fue consensuado con organizaciones de la sociedad civil.
Además de Santos Calderón, del diario colombiano El Tiempo, y de Marroquín del diario guatemalteco Prensa Libre, integraron la misión el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Robert Rivard, del diario estadounidense San Antonio Express-News; Julio E. Muñoz director ejecutivo y Ricardo Trotti, director de Libertad de prensa de la SIP.
La delegación internacional se reunió también con Marco Dipp, presidente y otros directivos y periodistas de Asociación Nacional de la Prensa; con Ronald Grebe, presidente y otros representantes de la Asociación de Periodistas de La Paz; así como con editores y reporteros de varios medios de comunicación afectados por la ola de agresiones. La misión también mantuvo entrevistas con los ex presidentes Jorge Quiroga y Carlos Mesa; con las diputadas Elizabeth Salguero (Movimiento al Socialismo, MAS), Marisol Abán (Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR), Elizabeth Reyes (Unidad Nacional, UN) y el senador Fernando Rodríguez (Podemos); con el prefecto de La Paz, Pablo Ramos, y con el jefe nacional de UN, Samuel Doria.
