Parte de los miembros del Ministerio Público que ha trabajado en los diversos casos de corrupción. Archivo.
SANTO DOMINGO.-El Ministerio Público emitió ayer un amplio comunicado en el que advierte que las críticas a los acuerdos arribados con implicados en casos de corrupción tienen las características de ser financiados con recursos ilícitos, por lo que advirtió que podría tomar medidas cautelares para evitar que eso obstruya el proceso.
La reacción se produce luego de que abogados y periodistas revelaran detalles del acuerdo con figuras como Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo) y José Arturo Ureña y cuestionaran los beneficios que le ofrece el Ministerio Público, la articulación de los acuerdos y que se estableciera que los montos devueltos por ellos se hicieran mediante la construcción de obras públicas.
Días antes, abogados de imputados habían señalado que el Ministerio Pública estaba negociando con la impunidad, ya que a esos mismos implicados se le atribuía haber recibido de manera ilegal 7,615 millones de pesos y que se llegó a un acuerdo para librarlos del proceso con la sola devolución del equivalente a mil millones de pesos.
“Estas campañas tienen todas las características de no ser financiadas con recursos de patrimonio lícito, lo que obliga al Ministerio Público a tomar medidas cautelares para evitar que se sigan utilizando recursos para obstruir los procesos”, indica.
Sobre su personal
Sobre los cuestionamientos contra el proceder de personal de la Procuraduría General de la República, señala que el Ministerio Público no ha firmado ni un solo acuerdo con la oficina en la que laboró la persona en cuestión antes, durante o después de ser contratada.
“De modo que, además de constituirse en delito tipificado y sancionado por la Ley 53-07, esta fábula es deshonesta y nada profesional”.
La ley a la que hace referencia es a la de delito tecnológico, pero no especifica en que consistirían las violaciones a las que hace referencia.
Aunque en la nota divulgada ayer dice reconocer el derecho ciudadano de cuestionar las acciones de un órgano constitucional, calificó de “deshonesto y poco profesional cuestionar al Ministerio Público de manera deliberada y aviesamente, máxime cuando las mentiras quedan evidenciadas con sólo leer las acusaciones, acuerdos y demás actuaciones procesales que ha depositado el Ministerio Público ante los tribunales”.
“Negocio de impunidad”
Se refirió a los cuestionamientos de que se hiciera un acuerdo para excluir del proceso penal a los supuestos responsables de recibir 7,615 millones de pesos del denunciado fraude.
Señala que las evidencias establecen que la mayor parte de los recursos del presunto fraude fue a parar a los principales imputados del proceso.
“Pretender que el Ministerio Público le atribuya a miembros del nivel medio de una estructura criminal toda la responsabilidad cuando las evidencias establecen de forma clara que la mayor parte de los recursos fue a parar a los principales acusados que desempeñaban funciones de primer orden en el Estado, es pedirle al órgano acusador que tome las decisiones más fáciles y que se sume como cómplice a la impunidad frente a la corrupción de la que un sector privilegiado estuvo disfrutado históricamente”.
Críticas a periodistas
“Escudarse en un micrófono para atribuir al Ministerio Público pactos con empresas con las que no ha firmado ningún acuerdo y mezclar líneas de investigación de un caso judicializado con otros en etapa de investigación, lo menos que evidencia es un nulo esfuerzo profesional al informar a la ciudadanía y un gran interés en mantenerse ajeno a comunicar de manera objetiva”, agregó.
Aclaró que los acuerdos se realizan en todas las materias, amparados en la normativa procesal penal.
El comunicado indica que la Suprema Corte de Justicia, la comunidad jurídica y la cooperación jurídica internacional han reclamado que se apliquen las soluciones alternas al proceso penal.
Explica que esa práctica que no es novedosa en el sistema acusato rio, sobre todo en materia de criminalidad.
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El Ministerio Público también anunció que procederá a subir todas las acusaciones y actos procesales a su portal de transparencia para una mayor edificación de la sociedad.
Así, quien quiera podrá determinar, con base a pruebas, quién miente, por ejemplo, atribuyendo cantidades de dinero exorbitantes a imputados de nivel medio cuando quien hace los alegatos públicos sabe que las pruebas demuestran que la mayor parte de esos recursos engrosaban las cuentas bancarias de exfuncionarios públicos a los que representa y que hoy pagan las campañas millonarias para atacar la acusación con mentiras, en lugar de defenderse en los tribunales del arsenal de pruebas depositadas por el Ministerio Público.
Soluciones alternas
Acotó que aplicar soluciones alternas es una práctica propia de los sistemas acusatorios como el dominicano. Explicó que la normativa procesal penal dominicana tiene varios procedimientos especiales enfocados en buscar soluciones alternas, entre los que destacan: procedimiento penal abreviado pleno, parcial, conciliación-mediación, criterio de oportunidad para delitos ordinarios, criterios de oportunidad para delitos propios de crimen organizado, suspensión condicional del procedimiento.
Homologación
— Audiencia
La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, conocerá mañana la homologación del acuerdo que el Ministerio Público arribó con algunos vinculados en el expediente caso Calamar.
El criterio de oportunidad
Ramón Emilio Jiménez Collie, figura clave en el caso.
Favorecidos. Varios abogados expresan su rechazo contra el acuerdo que el Ministerio Público llegó con siete vinculados en el caso de corrupción conocido como Calamar, a los que le aplicó el criterio de oportunidad.
Entre los mencionados en el expediente del caso Calamar que negociaron con el órgano acusador están Ramón Emilio Jiménez Collie y los exfuncionarios Fernando Crisóstomo Herrera, Víctor Matías Encarnación Montero, José Arturo Encarnación Montero, José Arturo Ureña, Belkis Antonio Tejeda Ramírez, Natalia Cesarina Beltré Torres, y la razón social Grupo DIBEFE.
El Ministerio Público pide la extinción penal tras delatar el modus operandi en el caso Calamar. Estos devolvieron parte de los bienes que obtuvieron por su participación en las operaciones fraudulentas.
Manuel Sierra calificó como un acto de corrupción los acuerdos que ha llegado el Ministerio Público con implicados.“Eso no es más que un acto de prevaricación, porque si pecaminoso es lo que ellos han denunciado, mucho más pecaminoso es que se estén prestando a hacer lo que la ley ni siquiera le permite”, dice Sierra.
