6.- Las víctimas nunca olvidan. Según la ONU (2012), “la desaparición forzada se define como el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sea obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.
Las víctimas de la desaparición forzosa son selectivas, aunque quedan atrapadas muchas personas que no tienen implicancias políticas de un hecho en particular.
Las víctimas de violaciones de delitos de derechos humanos ocupan una posición intermedia entre los jueces, que deben investigar con escasos recursos y las fuerzas policiales, que disponen de poco adiestramiento técnico en investigación criminal de este tipo.
Fruto de la falta de personal y de recursos técnicos forenses, los informes que emanan de las organizaciones de derechos humanos suelen demorarse, repetirse, y la situación de las víctimas de desaparición forzada no mejora. Por ello es necesario que las disciplinas científicas puedan demostrar la veracidad de las denuncias, establecer responsabilidades y determinar la indemnización que el Gobierno deberá pagar a los familiares de la víctima de desaparición forzada.
El impacto de la desaparición forzada tiene lugar en los familiares sobrevivientes causándole angustia extrema y daños psicológicos. Y es comprensible; para las víctimas, el secuestro, el interrogatorio bajo tortura termina con la ejecución; para los familiares, la tortura continúa.
Debido a que en la desaparición forzada el cadáver no suele “aparecer”, eso no da oportunidad a los familiares de expresar su duelo, su liturgia funeraria, y las víctimas desaparecidas nunca se olvidan.
En la dictadura franquista y en Argentina, los métodos de desaparición forzada eran más o menos estos: cremar los cadáveres en cementerios municipales, arrojarlos al mar desde un avión, y enterrarlos sin identificación en fosas comunes o en osarios de otras personas; estas fosas comunes se localizaron en los cementerios de todo el país.
La sigla NN no sólo significó “No nació”, sino también “No Nombre”; es decir, cadáveres sin identificar. Se enterraban por canales administrativos y se falsificaban las actas de defunción, el nombre y la causa del deceso.
Las víctimas de desapariciones forzadas también les interesan a escritores, periodistas, líderes políticos y organizaciones de derechos humanos.
En las primeras 48 horas después de haber asumido el poder, el presidente Raúl Alfonsín decretó la creación de la Comisión Nacional sobre Desaparición Forzada de Personas (CONADEP). Nueve meses se produjo aquel histórico Informe cuyo título fue “Nunca Más”. En los demás países de la región, grandes son las cifras de los desaparecidos forzados.
Hoy, casi 50 años después, los familiares, así como una gran cantidad de organizaciones unidas por esta causa, han desarrollado varias vetas de trabajo para que no se olviden las víctimas de desapariciones, y para que aparezcan. Estas acciones tienen la intención de generar espacios de diálogo, de aprendizaje para las familias, realizar acompañamiento en procesos de exhumación promovidos por las mismas familias e impartiendo, además, talleres de búsqueda en fosas y de documentación legal de los casos.