El pasado martes reclamamos desde este espacio que las autoridades esclarecieran el incidente en el que una diputada denunció haber sido esposada por agentes policiales, en circunstancias que hicieron surgir cuestionamientos sobre una posible violación de su inmunidad parlamentaria.
Ahora, la aparición de un nuevo video plantea una situación muy distinta a la denunciada inicialmente.
Las imágenes muestran que habría sido la propia legisladora quien se colocó las esposas mientras intervenía para impedir una actuación policial contra un ciudadano requerido por producir ruidos excesivos mediante un equipo de sonido instalado en su vehículo.
Resultaría comprensible que, por solidaridad con ese ciudadano, la diputada decidiera intervenir, aunque ello tampoco la eximiría de respetar los procedimientos legales.
Lo verdaderamente cuestionable es que, después de colocarse ella misma las esposas como sale en el video en cuestión, atribuyera esa acción a los agentes actuantes, dando lugar a denuncias de atropello y hasta a un conato de crisis institucional.
La condición de legislador confiere prerrogativas constitucionales, pero también impone responsabilidades especiales frente a la verdad y las instituciones.
Precisamente por eso, ahora existen razones todavía más poderosas para exigir una investigación exhaustiva.
La Policía Nacional debe reconstruir los hechos, examinar todas las grabaciones disponibles, establecer la actuación de sus agentes y ofrecer una explicación pública, documentada y concluyente. Ahora también se debe incluir la tarea de verificar que las imágenes no hayan sido alteradas con inteligencia artificial.
Además, corresponde remitir un informe formal al Congreso Nacional, porque una denuncia de violación de la inmunidad parlamentaria no puede quedar envuelta en dudas ni versiones contradictorias.
Ni la autoridad policial puede abusar de sus atribuciones ni la investidura parlamentaria puede utilizarse para construir acusaciones que los hechos no sostienen.