El incidente en el que agentes de la Policía Nacional esposaron a la diputada Millys Martínez, durante una actividad en la provincia Elías Piña, reviste una gravedad institucional que obliga a una investigación rigurosa y a establecer las responsabilidades correspondientes.
No estamos ante una simple discusión entre una ciudadana y miembros de una patrulla policial. Se trata de una legisladora que, por disposición constitucional, está amparada por una inmunidad parlamentaria que protege la independencia del Congreso Nacional frente a actuaciones arbitrarias de otros poderes del Estado.
Resulta difícil creer que la patrulla en Elías Piña desconociera que estaba frente a una legisladora de esa misma demarcación territorial.
El artículo 86 de la Constitución establece limitaciones expresas a la privación de libertad de diputados y senadores, salvo las excepciones previstas por la propia Carta Magna.
Esa protección no constituye un privilegio personal ni coloca a los congresistas por encima de la ley. Es una garantía institucional destinada a preservar el equilibrio entre los poderes públicos.
Por eso resulta particularmente preocupante que agentes policiales hayan llegado al extremo de colocarle esposas a una diputada en ejercicio de sus funciones,
La investigación debe determinar qué ocurrió, quién tomó la decisión de esposarla, cuáles fueron las razones invocadas y si existió alguna conducta que pudiera justificar legalmente una medida de esa naturaleza.
Resulta igualmente inquietante que se pretenda restar importancia al episodio bajo el argumento de que la diputada no fue formalmente arrestada. El hecho de colocarle esposas constituye una restricción física que merece una explicación jurídica, independientemente de cómo la Policía decida denominarla.
Este episodio no debe convertirse en una confrontación política ni en una disputa institucional entre el Congreso y la Policía. Debe servir para reafirmar que el ejercicio de la autoridad pública está sometido a límites legales que nadie puede desconocer.
La actuación de una patrulla no compromete a la Policía Nacional como institución, pero ignorar el hecho sí.
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