Diputada Millys Martínez denuncia presunto abuso policial y exige investigación imparcial
- Martínez sostuvo que, aunque su función legislativa no contempla superioridad sobre otros, tampoco justifica que sea humillada ni agredida.
Santo Domingo.- La diputada por la provincia Elías Piña, Millys Martínez, denunció este martes ser víctima de supuesta "agresión y atropello" perpetrada por las autoridades policiales durante una actividad festiva en Comendador.
"La Policía Nacional está llamada a proteger no a intimidar, a servir no a maltratar. Ningún uniforme está por encima de la Constitución y ningún funcionario debe estar por encima de la ley", advirtió la legisladora.
Durante su participación en la sesión del hemiciclo, la funcionaria repudió las acciones de los miembros del cuerpo castrense y solicitó al presidente Luis Abinader garantizar una investigación exhaustiva e imparcial del incidente registrado.
También pidió al director general de la Policía Nacional y al Ministerio de Interior y Policía que determinen las responsabilidades para que los presuntos infractores sean sancionados, luego de comprobar el abuso denunciado.
La impotencia la invade y no alza su voz desde su posición como diputada, sino desde una perspectiva diferente: como ciudadana, médico y defensora de quienes "han sido atropellados y no han tenido la oportunidad de ser escuchados".
Sostuvo que, aunque su función legislativa no contempla superioridad sobre otros, tampoco justifica que sea humillada ni agredida.
La intervención traspasa cualquier intento de denuncia y se enfrasca en un análisis profundo que deriva en la siguiente interrogante: "¿Quién protege al pueblo cuando quien debe protegerlo abusa de su autoridad?"
Martínez está consciente de su posición, pero también muestra preocupación por quienes no poseen una tribuna para denunciar "los abusos".
"Si una diputada es víctima de semejante abuso ¿qué se puede esperar del agricultor, del motorista, de una madre humilde o cualquier ciudadano que no tiene una tribuna para denunciarlo?", cuestionó.
Por esta razón, instó a los integrantes de la Cámara de Diputados a no percibir la situación como un problema particular ni aislado, sino como un asunto que compromete la dignidad del Congreso Nacional y de todos los ciudadanos.
La supuesta aprehensión fue rechazada por el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, quien recordó que la Constitución de la República Dominicana establece garantías especiales para proteger el ejercicio de la función legislativa.
"Hoy fui yo, mañana puede ser uno de ustedes y todos los días puede ser un dominicano humilde sin protección", concluyó.
¿Cuál es la postura de la Policía Nacional?
Aunque la diputada sostiene que fue arrestada y supuestamente agredida por la Policía Nacional, la institución mantiene una postura diferente: que la funcionaria no fue privada de su libertad.
Con el objetivo de comprobar si las actuaciones fueron contrarias a los reglamentos, la entidad del orden asignó al inspector general Martín Tapia Sánchez, quien se trasladó a la provincia Elías Piña por instrucciones del director general, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García.
Como parte de las indagatorias, Tapia Sánchez se reunió con la legisladora en su residencia y tenía previsto entrevistar a las autoridades locales y a los agentes actuantes.
Protección de la función legislativa
Los miembros del Congreso Nacional no podrán ser privados de su libertad durante la legislatura, sin la autorización de la cámara a que pertenezca, salvo el caso de que sea aprehendido en el momento de la comisión de un crimen.
Así lo establece el artículo 86 de la Constitución dominicana, la cual advierte que si un legislador es arrestado la cámara a la que pertenece podrá exigir su puesta en libertad por el tiempo que dure la legislatura.
Sin embargo, esta prerrogativa no impide que, al cesar el mandato congresual, puedan impulsarse las acciones que procedan en derecho.
leídas
