Desde hace años el Ministerio Público dominicano ha practicado el respeto al trabajo de la prensa. Incluso en muchas ocasiones ha sido garante de su salvaguarda frente a miembros del crimen organizado, el poder político o individuos que han pretendido amedrentar periodistas judicializando de manera excesiva.
La introducción precedente la hacemos para referirnos a unas declaraciones divulgadas por el Ministerio Público luego de cuestionamientos formulados por un periodista a los procesos de negociaciones con implicados en casos de corrupción.
Cuestionar el accionar público, sin caer en difamaciones es un derecho ciudadano, que lo ejerce de manera más cotidiana aquel que tiene el periodismo como profesión.
Del Ministerio Público se espera que tenga el cuidado de lugar para que sus reacciones no luzcan intimidantes y que el ejercicio a cualquier derecho a réplica o reclamo de aclaraciones se hagan con el sosiego propio de una instancia madura y democrática.
Esperamos que en estos casos de corrupción las partes se comporten dentro del marco de la ley y la ética, a sabiendas de que sobre el Ministerio Público recae la mayor responsabilidad de no desviarse.
Esperamos que desde el mismo Ministerio Público se disipe cualquier accionar que pueda ser interpretado como intimidación, intencional o no, de quienes ejercen el periodismo como profesión.
