Partiendo del contexto regional, una revisión de los niveles en que se manifiesta la participación electoral en la región latinoamericana, desde inicios de lo que Huntington llama la tercera ola democrática que arranca en 1978 hasta la actualidad, tiene un peculiar comportamiento, porque si bien no detona en una crisis, tampoco deriva hacia una creciente legitimidad de la democracia, como lo evidencian la serie de datos que registran la participación ciudadana en la mayoría de los procesos de elección de los cargos públicos en nuestra región.
En el caso de la República Dominicana y a la luz de un contexto poselectoral reciente, marcado por el registro de una abstención del 46% de los votantes inscritos en el padrón electoral dominicano, rompiendo un promedio que desde 1962 se situaba en un 37.97%, la del 19 de mayo recién pasado, resulta ser el registro más alto después de iniciada la transición y posterior consolidación del sistema democrático del país, lo que de inmediato da pábulo al surgimiento de una serie de interrogantes sobre la posibilidad del asomo de una crisis de representación, legitimidad sistémica y resquebrajamiento de la tan necesaria cohesión social.
La premisa esbozada en al final del párrafo anterior, parte de la confirmación resultante de diversas investigaciones sobre el tema, que concuerdan en la asociación existente que revalida el dato, de cómo la participación electoral está íntimamente asociada con el grado de integración societal, ya que una mayor fortaleza de dicha cohesión condiciona a una mayor probabilidad de participar en asuntos públicos, políticos, y de participación electoral mediante el ejercicio del sufragio. Por el contrario, como sostiene una corriente politológica, dentro de la cual se encuentra Romero (2014) afirmando que, a menores vínculos de los ciudadanos con la sociedad, se reducen las posibilidades de acudir a ejercer el sufragio.
En ese hilo, salta la vista a partir de los resultados de las elecciones presidenciales y congresuales recién concluidas, y desde una perspectiva proporcionada por la demografía electoral, la desconexión del electorado expresadas en el porcentaje de abstención significativos, de ciudades con importante perfil y peso socioeconómico como Santiago de los Caballeros 52.24 %, el gran Santo Domingo 41.64 %, Distrito Nacional 41.96 %, , San Francisco de Macorís 46.05 %, La Vega, 43.64 %, Higüey 44.93 %, Peravia 44.20 % y Monseñor Noel con 44.98 %.
Todo esto a pesar de los ingentes esfuerzos de la Junta Central Electoral, que cumpliendo con su rol constitucional y haciendo su tarea de garantizar elecciones libres, competitivas, transparentes, en igualdad de condiciones y con integridad electoral, desplegó adicionalmente un vasto plan de sensibilización, dirigido a comprometer a los ciudadanos a ejercer su derecho constitucional al sufragio, consagrado en el artículo 208 de nuestra Carta Magna, mediante una profusa campaña por todos los medios masivos de comunicación, redes sociales y recorridos presenciales en universidades, politécnicos y escuelas secundarias y grandes plazas comerciales.
En la práctica, se observa en República Dominicana durante las dos ultima décadas (2000-2024), un registro sostenido aunque moderado del incremento de los niveles de abstención que comienza su punto de inflexión en las elecciones del año 2012, cuando la abstención registrada se sitúa en un 29.85 % y de ahí en adelante comienzan a registrarse incrementos moderados aunque sostenidos de la abstención electoral, a pesar del incremento de ciudadanos inscrito en el padrón electoral cuyo registro alcanzó en mayo del 2024 unos 8,118,214 ciudadanos, con una abstención registrada de un 46 % de los votantes inscritos.
Las explicaciones desde la ciencia política en diversas investigaciones, al señalar el proceder abstencionista en crecimiento, que se verifica a partir de revisar el comportamiento de variables tales como el voto no obligatorio, la concurrencia de las elecciones en lo presidencial o congresual, de las cuales se derivan varias conclusiones a partir de los resultados de las mismas, dentro de la que cabe destacar un relativo estancamiento de la participación electoral a nivel regional, oscilando entre un 65 a 67 %, a pesar de que se observa un repunte a partir del 2018 de alrededor un 2 %.
Como apunta muy bien Zovatto (2003), al momento de verter su alerta sobre el comportamiento de la abstención electoral que se viene registrando en nuestra región y la República Dominicana no es una excepción, visto el descenso en el nivel de la participación electoral y el riesgo que puede derivar en configurar un ciclo de deterioro y desafección ciudadana con la política y los políticos, agravando los niveles de desconfianza ciudadana con las instituciones de la democracia, lo cual constituye el principal reto del sistema de partidos políticos, conminando a los actores políticos e institucionales a elaborar de manera urgente, novedosas estrategias de reconexión con los ciudadanos.
Ante el escenario descrito, que relaciona participación electoral y abstención electoral, se impone una discusión en la cual concurra todo el liderazgo partidario, reflexionando sobre la pertinencia del voto obligatorio y el mantenimiento de elecciones concurrentes presidenciales y congresuales, además de la celebración de primarias como único método de selección de candidaturas, salvo las cuotas afirmativas de género y juventud, las cuales, entiendo generan consenso, planteando la necesidad de que se reconozca en esas propuestas de discusión, la creación de un nuevo modelo de ciudadanía que afirme la cohesión social, derivando como eje vertebrador cada vez más relevante en la construcción de la tan necesaria gobernabilidad democrática.
Como resultado del comportamiento de la participación a escala regional, el dato duro de que un 40 % en promedio de la población en edad de votar se abstenga de hacerlo, nos plantea la realidad de la existencia de una desconexión importante en las democracias de la región, situación a la que no es ajena nuestro país.
En todo caso sí cabe señalar que, aunque todavía la tendencia regional no apunta a una crisis en la participación electoral, pero lo sucedido en la República Dominicana en estas últimas elecciones presidenciales y congresuales, debemos activar en nuestro caso, las alertas y repensar las respuestas estratégicas, a pesar de que por ahora el desencanto con el sistema político no significa en la práctica una deslegitimación de la democracia que hemos construido.
*Por Felipe Carvajal