En las elecciones municipales del pasado 18 de febrero del 2024 se evidenció una alta abstención electoral que casi llegó al 60 %, una de las más altas en las últimas décadas en la República Dominicana.

En algunos municipios la abstención alcanzó el 68 % en el caso de Santiago, en Santo Domingo Este un 68 % y en el Distrito Nacional superó el 60 %.

Diversos analistas y medios han asociado la abstención electoral pasada a la falta de interés de los ciudadanos en el proceso de elección municipal, al desencanto y de la población en relación con las opciones electorales, a la compra de cédulas y otros delitos electorales.

La abstención electoral a nivel municipal es un reflejo de la debilidad del poder local y la desvinculación del ciudadano de los gobiernos locales y sus políticas y servicios. El riesgo de la falta de compromiso con la elección de los alcaldes es que el poder en ese ámbito se siga permeando del narcotráfico y todo tipo de ilegalidad.

La solución al abstencionismo electoral no necesariamente implica unificar las elecciones como se ha proclamado a los cuatro vientos pero si amerita un análisis profundo y soluciones a mediano y largo plazo.

Hay que erradicar la cultura de la apatía política, hay que fortalecer los gobiernos locales y su impacto en las vidas de las personas, hay que promover campañas educativas sobre la importancia del voto responsable y habría que hacer cambios estructurales en el sistema electoral asociados al voto obligatorio.

En otros contextos de América Latina el derecho al voto es correlativo a con la obligación de ejercer ese derecho y la no emisión del voto se castiga con sanciones pecuniarias que recaen sobre el ciudadano que incumplen su obligación.

Esos avances existen en Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, Ecuador, entre otros. Los estudios recientes demuestran que en los países donde existe el voto obligatorio este incide directamente en más altos niveles de participación de los ciudadanos en los certámenes electorales.

Como plantea Gabriela Dazarola Leichtle, en su análisis Sanciones asociadas al voto obligatorio: experiencia extranjera, en los casos en los que el voto obligatorio se asocia a sanciones pecuniarias, el ejercicio del derecho al voto supera el 80 % y en algunos casos el 90 % como el ejemplo de Uruguay que ha llegado un 94 %.

En nuestro país, ese modelo coercitivo de sancionar el incumplimiento del ejercicio del derecho al voto podría incidir en cambios de comportamientos favorables la calidad de la democracia.

Como dijo Theodore Roosevelt, “una gran democracia debe progresar o pronto dejará de ser o grande o democracia”