Declaraciones recientes de la presidenta de la Asociación de Industrias (AIRD) destacaron que tres de cada cuatro empleos que se crean en el país son informales. El estudio reciente de Acoprovi, revela que la mayor demanda de viviendas nuevas surge entre los llamados económicamente informales.
A muchos grupos económicos se les llama informales, más que nada, por la incapacidad del Estado de registrarlos y proveerles una fiscalización adecuada.
Sin embargo, el año pasado la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo hizo público un estudio sobre la informalidad cuyas conclusiones señalan el camino a seguir para que este importante sector de la economía sea incorporado al sector formal.
Lo primero es que los agentes económicos informales expresan gran desconfianza en la presencia del Estado, ya que en ello solo ven apetencias recaudadoras. Se sienten marginados y sin acceso a los medios que les ayudarían a mejorar su accionar empresarial, limitados por lo que entienden son tramitaciones onerosas, desenvolviéndose en un sistema injusto frente a sus esfuerzos.
A contrapeso de esos sentimientos, el estudio revela que existe un deseo de formalizar sus actividades a cambio de justicia, simplificación y aplicación de leyes y reglamentos sin arbitrariedades. En la formalidad ven el posible acceso al crédito institucional, su incorporación al sistema de la seguridad social, y muchos otros beneficios que conlleva ser parte de un sistema formalizado.
Para su incorporación y formalización debe considerarse la creación de un régimen impositivo diferenciado, sobre la base de un valor total de ventas o cantidad de empleados; que una vez aplicado, simplifique la incorporación de una fuerza económica mayoritaria del país. Una tasa única, similar al ITBIS actual, que le incluya la seguridad social y su aporte al fisco en una sola tasa. Tenemos que ser más innovadores si queremos soluciones.
