Denuncian monopolio de rutas de transporte en el cruce Doña Ana e Ingenio Nuevo, San Cristóbal
- Los comunitarios piden al INTRANT garantizar que las guaguas del sur puedan recoger pasajeros en las zonas donde persisten las restricciones.
Santo Domingo.- Residentes de las comunidades Doña Ana e Ingenio Nuevo, provincia San Cristóbal, denunciaron este martes que grupos de transportistas impiden que guaguas de otras rutas recojan pasajeros en el cruce de ambas localidades.
Manifestaron que quienes "controlan esos puntos decidieron que ahí solo pueden recoger pasajeros los vehículos del Municipio de Yaguate", situación que los obliga a pagar hasta RD$200 adicionales diarios para trasladarse hacia el Distrito Nacional.
José Miguel Peña Carmona, presidente de la Junta de Vecinos de Ingenio Nuevo, indicó que la restricción afecta a trabajadores y estudiantes que, desde tempranas horas de la mañana, esperan transporte en la autopista 6 de Noviembre, pero deben dejar pasar varios autobuses, "porque estos no se detienen a recogerlos".
Ante esa dificultad, los pasajeros recurren a motoconchos para llegar hasta el kilómetro 5, donde, afirman, pueden abordar las guaguas que vienen del sur.
Este gasto representa más de RD$4,000 mensuales por persona, un desembolso adicional que afecta el presupuesto de las familias y sus posibilidades de cubrir otras necesidades.
Los comunitarios también advierten sobre los riesgos que enfrentan quienes utilizan motocicletas para completar sus recorridos, especialmente durante la noche, debido a la posibilidad de sufrir accidentes o ser víctimas de atracos en la autopista.
Piden intervención de las autoridades
Las Juntas de Vecinos de San Gristóbal pidieron al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) garantizar que los autobuses de las rutas del sur puedan recoger pasajeros en las comunidades donde persisten las restricciones.
La petición fue hecha por los presidentes de las juntas de vecinos de Hoyo del Barro, San Isidro Campo, Las Palmitas, Ingenio Nuevo, Los Leones y Canasta, provincia de San Cristóbal.
En su denuncia, solicitan la presencia de miembros adscritos a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) para que viabilicen las rutas, de modo que "nadie impida a los ciudadanos utilizar el transporte que ellos elijan".
Además, exigen que el Ayuntamiento y la Junta del Distrito Municipal que ejerzan su papel en la organización del transporte local.
¿Qué contempla la ley?
La Ley 63-17 de Movilidad y Transporte establece que las rutas del transporte público son propiedad del Estado, es decir, de todos, y su artículo 38 reconoce al usuario el derecho de elegir su transporte, con seguridad y trato digno.
En 2016, el Tribunal Superior Administrativo, mediante la sentencia 00416-2016, reconoció las prácticas monopólicas de los sindicatos del transporte y ordenó al Estado ponerles fin.
En julio de 2017, ProCompetencia concluyó que los usuarios pagan un sobreprecio por las rutas exclusivas que imponen los gremios.
Posteriormente, en 2018, el Tribunal Constitucional confirmó esa decisión (sentencia TC/0380/18), y señaló que esas prácticas violan la libre empresa, la libertad de tránsito y el derecho al trabajo.
Sin embargo, casi diez años después, algunas comunidades continúan denunciando supuestas prácticas monopólicas.
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