Santo Domingo.- Los subsidios estatales al transporte y a la electricidad funcionan mediante mecanismos diferentes.
Mientras el apoyo al transporte se canaliza a través de compensaciones en combustible para contribuir a contener los costos del servicio, en el sector eléctrico el Estado destina recursos a las distribuidoras y mantiene programas de ayuda para que hogares de escasos recursos puedan pagar parte de su factura.
Estos mecanismos forman parte de un gasto público que ha aumentado ante el encarecimiento de los combustibles en los mercados internacionales y las necesidades financieras del sector eléctrico.
El Gobierno proyecta destinar alrededor de RD$50,000 millones al subsidio de los combustibles al cierre de 2026, frente a los RD$8,000 millones contemplados inicialmente en el presupuesto para ese concepto, según informó el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón.
El funcionario también señaló que se ha incrementado el apoyo al transporte y que el déficit de la factura eléctrica representa otra presión para las finanzas públicas.
El subsidio al transporte se entrega en combustible
El Programa de Subsidio al Transporte Público busca contribuir a contener los costos operativos de los transportistas mediante una compensación relacionada con el precio del gasoil regular utilizado en el servicio de pasajeros.
El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) explicó en julio de 2026 que los recursos destinados al programa no se entregan directamente en efectivo a cada transportista, sino que se canalizan mediante compensaciones en combustible a través del agente de suministro contratado, con la participación técnica del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

La distribución se organiza mediante cuotas mensuales de galones entre federaciones de transporte, tomando en cuenta factores como la demanda, la cobertura de las rutas y el consumo histórico. El suministro se concilia entre el proveedor, el Intrant y el MICM para dar seguimiento a los volúmenes despachados y a la ejecución de los recursos.
El mecanismo procura reducir parte del costo del combustible para los operadores del transporte público y contribuir a evitar que los aumentos se trasladen completamente a las tarifas. Sin embargo, la compensación no implica que el Gobierno cubra todos los gastos de operación de cada unidad ni que cada chofer reciba directamente dinero en efectivo.
En mayo de 2026, el Gobierno anunció recursos adicionales cercanos a RD$1,000 millones para reforzar el apoyo al transporte, según declaraciones del ministro Sanz Lovatón. La asignación se enmarca en las medidas adoptadas ante el aumento de los costos energéticos.
En el sector eléctrico, una parte del apoyo estatal se realiza mediante transferencias a las empresas distribuidoras Edenorte, Edesur y Edeeste. Estos recursos contribuyen a financiar las necesidades del sector y a cubrir parte de su déficit, por lo que no constituyen una ayuda entregada directamente a cada consumidor.
El aumento de los costos energéticos internacionales también incide en las necesidades financieras del sistema eléctrico. El Gobierno ha señalado que el déficit de la factura eléctrica representa una presión adicional para las cuentas públicas, junto con el gasto destinado a contener los precios de los combustibles.
El funcionamiento del sector está regulado, entre otras disposiciones, por la Ley General de Electricidad núm. 125-01, mientras que la asignación y ejecución de los recursos públicos se enmarcan en las normas presupuestarias del Estado.
Estas transferencias deben distinguirse de los programas sociales destinados a hogares vulnerables. Aunque ambas formas de apoyo involucran recursos públicos, tienen destinatarios y objetivos diferentes: una contribuye a financiar el sector eléctrico y la otra ayuda a las familias a cubrir parte de su consumo.
Bono Luz ayuda a hogares vulnerables a pagar la factura
El Bono Luz es un subsidio social dirigido a hogares de escasos recursos para ayudarles a pagar el servicio eléctrico. A diferencia de las transferencias a las distribuidoras, este beneficio se aplica a la factura de los hogares seleccionados.
De acuerdo con la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS), la ayuda cubre el equivalente de hasta 100 kilovatios-hora mensuales, además del cargo fijo correspondiente. Cuando el consumo supera la cantidad cubierta por el beneficio, el hogar debe pagar la diferencia.

La selección de los beneficiarios se apoya en las evaluaciones socioeconómicas del Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), que identifica a las familias según sus condiciones de vulnerabilidad. Estar registrado o haber sido evaluado no garantiza por sí solo la asignación automática del subsidio.
De esta manera, los apoyos estatales a la energía tienen alcances distintos. El subsidio general a los combustibles ayuda a amortiguar las variaciones de los precios que paga el consumidor; la compensación al transporte busca reducir parte del costo del gasoil para los operadores beneficiarios; las transferencias eléctricas contribuyen a financiar el sector, y el Bono Luz reduce parte de la factura de los hogares seleccionados.
La diferencia entre estos mecanismos también es importante para comprender cómo se distribuye el gasto público: no todo el dinero destinado a subsidios llega directamente a los ciudadanos, ni todos los programas funcionan con los mismos criterios de asignación.
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