De pagar RD$3,000 a RD$20,000: Charlie Mariotti Jr. cuestiona la ineficiencia de Protecom frente a las distribuidoras
- El legislador peledeísta denunció que el ente regulador cerró oficinas provinciales dejando a los consumidores desamparados al momento de reclamar por las altas facturaciones
Santo Domingo.- El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti Jr., analizó la actual crisis del sector energético, asegurando que el descontento de la población no responde al aumento de la tarifa eléctrica, sino al incremento desproporcionado de la facturación, que afecta severamente el presupuesto familiar.
El legislador precisó que la estructura tarifaria permanece sin variaciones desde la suspensión del Pacto Eléctrico tras tres aumentos escalonados argumentando que "los usuarios están recibiendo facturas que triplican o cuadruplican sus promedios históricos sin explicación lógica" obligando a muchos a buscar alternativas desesperadas.
De pagar RD$3,000 a RD$20,000
Para ilustrar la magnitud de esta problemática económica el congresista detalló que existen personas que pagaban apenas tres mil pesos y ahora enfrentan cobros injustificados de hasta veinte mil provocando conexiones irregulares por insolvencia según sus declaraciones emitidas durante una entrevista en el programa Despierta con CDN.
Ante esta realidad que afecta a miles de ciudadanos el representante cuestionó duramente la inacción del Congreso Nacional en su vital rol fiscalizador expresando con frustración que sus solicitudes de interpelación "han quedado en el olvido en las comisiones y no han llegado al hemiciclo".
Protecom
Al abordar las vías legales de defensa del consumidor, el dirigente político criticó el deficiente funcionamiento de la Dirección de Protección al Consumidor (Protecom), señalando que este ente regulador carece de presencia en muchas provincias tras haber cerrado oficinas y obligando a los usuarios a someterse a procesos de reclamación sumamente tediosos.
Como conclusión de su análisis sobre este desamparo institucional el congresista enfatizó que el sistema actual castiga al usuario pues "el silencio administrativo se interpreta casi siempre a favor de la empresa distribuidora y no del consumidor" provocando que los fallos rara vez resulten a favor del cliente afectado.
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