Santo Domingo.- La Cámara Americana de Comercio de la Republica Dominicana (AMCHAMDR) y su Comité de Energía consideran que la ley que autoriza la participación provisional del Estado en la generación de electricidad crearía competencia desleal al liberarlo de cumplir con procesos de licitación que contemplan leyes y reglamentos vigentes.
La ley fue aprobada recientemente por el Congreso y está pendiente de promulgación por parte del Ejecutivo. Autoriza la participación provisional del Estado dominicano como promotor, titular y/o propietario, directa o indirectamente, en la generación de electricidad a través de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE). En su artículo 4 establece que “se exime a las Empresas Distribuidoras, mientras se mantengan como propiedad del Estado dominicano, del cumplimiento de los procesos de licitación para la contratación de electricidad a largo plazo, previstos en la Ley General de Electricidad No.125-01…”.
AMCHAMDR considera que los contratos de venta de energía a las distribuidoras deben realizarse mediante procesos de licitación, como contempla la ley. Cree, a su vez, que el Estado debería aprovechar la coyuntura de su participación generación para fortalecer la institucionalidad en el sector haciendo que sus iniciativas cumplan las disposiciones legales en lugar de quedar exentas de ellas.
Esto ayudaría a aumentar los niveles de transparencia, reforzar la libre competencia y fomentar la igualdad de oportunidades para participar en el mercado a todos los agentes del sector y a quienes están interesados en invertir en él. Lo contrario pondría en riesgo el principio constitucional de la libre empresa y desalentaría la iniciativa privada en el sector en un momento en el que el propio Gobierno ha reconocido que, dada la creciente demanda, se necesitará más inversión en generación de la que tiene previsto aportar la CDEEE con la construcción de dos plantas de carbón.
Como ente solidario y propulsor de los mejores intereses de la nación, AMCHAMDR apoya toda iniciativa que contribuya con atraer las inversiones necesarias para un mejor desenvolvimiento de la economía nacional, sobre todo, en un sector tan neurálgico como el de energía. Sin embargo, aspira a que las propuestas que se planteen garanticen reglas de juego claras para todos los actores del sistema eléctrico, en procura de una verdadera libre y leal competencia, como mejor instrumento viable hacia una solución definitiva de la crisis eléctrica que afecta al país.
