Agentes policiales en una estación de combustibles.
SANTO DOMINGO.- Un total de 13,000 agentes de la Policía Nacional se encuentran laborando en diversas funciones fuera de la institución.
Mientras, adicional a esta situación, dos leyes orgánicas promulgadas en los últimos seis años sobre su reforma esperan por su aplicación, por no contar aún con los respectivos reglamentos.
Según documentos, informes ejecutivos a los que ha tenido acceso EL DIA, en ambas leyes pendientes de implementación se plantea una evaluación general de los 39,000 agentes de la Policía Nacional “desde arriba hacia abajo”, comenzando con el director general hasta llegar al agente de menor rango.
Estas dos leyes pendientes de ejecución tienen el objetivo común de “establecer y regular la organización, funcionamiento y principios fundamentales de actuación de la Policía Nacional, los derechos, deberes, el estatuto de carrera, de la seguridad social y el régimen disciplinario de sus miembros”
Agregan que “La Policía Nacional es un cuerpo armado, técnico, permanente, profesional, de naturaleza policial, jerarquizado, disciplinado, servicial, apartidista, no deliberante, obediente al poder civil y con competencia nacional”.
INFORME NACIONES UNIDAS EL DIA
EL DIA también tuvo conocimiento de un informa del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PUND) y cuyas recomendaciones sobre la reforma policial fueron aplicadas exitosamente en Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, El Salvador y Panamá y España, entre otras naciones.
El documento plantea que el crimen se ha convertido en uno de los principales desafíos que amenazan las economías y los medios de vida en los países del Caribe.
Advierte que mediante la combinación adecuada de políticas y programas se puede detener el problema.
Resalta que “La violencia limita las opciones de las personas, amenaza su integridad física y altera su vida diaria”.
Este informe enfatiza la necesidad de repensar los enfoques para abordar el crimen y la violencia y brindar seguridad sobre el terreno.
Para ello la agencia de la ONU plantea “seguir enfoques que se centren en la seguridad ciudadana y abordar las causas de este reciente aumento de los delitos violentos, incluida la exclusión social, económica y política”.
Uno de los informes sobre Desarrollo Humano del Caribe examina el estado actual de la delincuencia, así como las políticas y programas nacionales y regionales para abordar el problema en países del Caribe.
Recomendaciones claves del Informe:
- Las altas tasas de delitos violentos pueden revertirse logrando un mejor equilibrio entre la aplicación de la ley legítima y las medidas preventivas, con un mayor enfoque en la prevención;
- Los gobiernos deberían crear o invertir más en unidades para abordar la violencia de género y adoptar más medidas preventivas para garantizar que la violencia contra las niñas y las mujeres ya no sea tolerada.
- Debido a que el crimen daña la cohesión social, las naciones del Caribe deben abordar mejor la violencia juvenil y las pandillas callejeras, cuyos crímenes rara vez son procesados.
- La seguridad pública requiere la colaboración de la comunidad
