A propósito de lo que pasó en el Congreso

Las fuerzas del orden no tienen derecho a impedir que ciudadanos se que concentren en las afueras del Congreso Nacional a protestar o reclamar sin alterar el orden público, no importa el contenido de su protesta o reclamo.

Personas ajenas a las labores legislativas no tienen derecho a interrumpirlas cuando las cámaras trabajan apegadas al mandato ético y constitucional, al margen de que en su interior se libre una batalla política de cualquier categoría.

Los presidentes de las cámaras legislativas tienen el derecho a tomar medidas de protección si entienden que pueden ser violados los accesos al Palacio del Congreso Nacional o poner en peligro la integridad física de los congresistas y empleados.

Los ciudadanos tienen el derecho de desconocer la autoridad de quienes intenten impedirle protestar pacíficamente frente a cualquier instalación pública o de instalarse en un espacio público no sensitivo para la seguridad nacional si tienen la autorización del Cabildo correspondiente.

Un conglomerado tiene el derecho de accionar políticamente para intentar modificar la Constitución conforme al mecanismo establecido por la misma Carta Magna sin que medien métodos espúreos.

Un conglomerado tiene el derecho de accionar políticamente para intentar impedir que la Constitución sea modificada.

Los congresistas tienen el derecho de votar conforme a su parecer o su línea política.
Los congresistas no tienen el derecho de votar a cambio de prebendas o sobornos.

Las reglas son muy claras.

Solo hay que poner las cartas sobre la mesa y aferrarse a las reglas de la democracia, la legalidad y la transparencia.

He ahí el reto para los protagonistas de la actual contienda política.