Río de Janeiro.- El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, acusado por la Fiscalía de Sao Paulo de lavado de dinero y falsificación, atribuyó hoy todas las denuncias en su contra a un “complot” montado por agentes del Estado y medios de comunicación para perjudicarlo como líder político.

El exmandatario aseguró en un extenso comunicado que, pese a las denuncias y noticias que lo acusan de diferentes irregularidades y que lo vinculan al escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, hasta ahora ningún juez ha abierto un proceso en su contra ni es reo en ninguna causa.

“A pesar de todo, no hay ningún proceso judicial abierto contra Lula, ninguna denuncia de la Fiscalía, ningún procedimiento del Fisco por posibles crímenes tributarios o fiscales”, según la nota que el Instituto Lula divulgó en portugués, español e inglés.

El comunicado fue difundido en momentos en que el exjefe de Estado espera que el Tribunal Superior se pronuncie sobre la validez de una cautelar que suspendió su nombramiento como ministro de la Presidencia de su sucesora y ahijada política, Dilma Rousseff.

El magistrado de la Corte Suprema que suspendió la designación, Gilmar Mendes, alegó que la presidenta le ofreció a Lula el cargo para blindarlo con fuero privilegiado de las investigaciones de la que es blanco.

“No existe ningún acto o decisión judicial pendiente de cumplimiento que pueda ser frustrada por el hecho de que Lula asuma el cargo de ministro”, según la nota, que aclara que el expresidente “ni pidió ni necesita del fuero privilegiado».

De acuerdo con el Instituto Lula, todas las denuncias son parte de un complot para impedir que el exmandatario, en su condición de líder político, ayude al Gobierno en momentos en que Rousseff enfrenta un posible juicio político con fines destituyentes.

“El resultado de ese complot de agentes del Estado (fiscales, policías y jueces) y medios de comunicación es la mayor operación de propaganda opresiva que ya se hizo contra un hombre público en Brasil”, según la nota.

Para el Instituto Lula, el objetivo de ese “complot” es “incitar odio contra el mayor líder político del país en un momento en que Brasil necesita de paz, diálogo y estabilidad política».

También dijo que es objetivo de “la plutocracia, de los medios masivos de comunicación y de los agentes politizados de la Policía y la Fiscalía poner al expresidente Lula en el banquillo de los reos».

“Pero ninguno de esos agentes presentó una acusación fundamentada para justificar la apertura de un juicio contra el expresidente. Y no la presentaron porque Lula siempre actuó dentro de la ley antes, durante y después de ser presidente de la República”, asegura.

La Fiscalía de Sao Paulo, única que ha presentado una denuncia formal contra el expresidente, investiga si Lula es el verdadero propietario de un apartamento en la playa por el que pagó una cuota inicial, que fue sometido a millonarias reformas y que está a nombre de una constructora involucrada en los desvíos de Petrobras.

La Fiscalía Federal de Curitiba, por su parte, investiga si los cuantiosos aportes de constructoras involucradas en el escándalo de Petrobras al Instituto Lula y a la empresa con la que el expresidente cobra por dictar conferencias están relacionados a los desvíos en la petrolera.

De acuerdo con el exjefe de Estado, desde que fue sucedido por Rousseff, un “ejército” de periodistas, policías y fiscales se ha dedicado a buscar un crimen del que poder acusarlo para alejarlo del proceso político.

Agregó que esa búsqueda pasó a ser “frenética” desde que, a mediados del año pasado, “quedó claro” que la investigación del escándalo en Petrobras no lo salpicaría.

“Ninguna cuenta bancaria, ninguna empresa, ninguna confesión, nada vincula a Lula a los desvíos investigados en negocios millonarios con pozos de petróleo, navíos, sondas y refinería”, asegura la nota.

El exmandatario alega que, pese a la falta de acusaciones concretas y de nunca haberse negado a declarar ante la justicia, sus derechos fueron violados cuando a principio de mes fue conducido a la fuerza por la Policía a una comisaría para un nuevo interrogatorio, cuando un juez levantó su sigilo telefónico y cuando el mismo juez divulgó “ilegalmente” las grabaciones de sus conversaciones.