Santo Domingo.-En el país existen unas  tres mil agencias de detectives privados, las que realizan sus  actividades sin ser debidamente supervisadas por las autoridades encargadas de reglamentar sus delicadas  operaciones.

Esas agencias, de las cuales solamente 600 están activas y 400 carnetizadas, trabajan con una serie de informaciones que son vitales tanto para las personas que requieren sus servicios como para   los individuos investigados, las que de caer en las manos no adecuadas significarían la vida o la muerte.

Esto así sin que el  Ministerio Público esté muy pendiente del trabajo que realizan esas agencias.

El ejemplo más reciente es el de Francisco Alberto Carela Castro, quien operaba la agencia de detectives privados Facsaint Detective, que extorsionaba  personas que previamente  filmaba en plena actividad sexual en moteles.

Facsaint Detective   funcionaba  a espaldas de  la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada,  entidad dependencia del Ministerio de las Fuerzas Armadas nombrada mediante decreto número 1128-03 y que supervisa el reglamento y funcionamiento tanto de las agencias de detectives privados como la seguridad privada.

La institución reconoce que se necesita  una ley más fuerte para hacer un trabajo más eficaz, y para tales fines sometieron vía Senado de la República un anteproyecto de ley que  ha perimido en dos ocasiones en el Congreso .

 Fue precisamente la agencia de detectives privados Facsaint Detective, cuya sucursal en la ciudad de Santiago dirigía su hermano Engel Carela Castro (preso),  la que  le dio  seguimiento a  Miguelina Llaverias, quien casi murió a manos de su esposo Adriano Román Román.

Esa agencia, supuestamente,  está vinculada a los sicarios que atentaron contra el abogado Jordi Veras.

La dirección Técnica de la Superintendencia  dijo que Carela Castro hacía su trabajo solo como persona, al margen de toda regulación.

 Requisitos

Para ser detective privado se debe tener 18 años de edad, acta de no antecedentes criminales, se someten a  pruebas antidoping y p sicológicas, además reciben un curso de un mes cuyo costo es de RD$7,000.

Según el reglamento, el detective privado debe velar que la información a requerir no se utilice para fines “negativos.

El detective privado debe “adoptar medidas de prevención y control, apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que sus servicios puedan ser utilizados para la realización de actos ilegales, en cualquier forma, o para dar apariencia de legalidad a actividades delictivas o presentar servicios a delincuentes o personas directas o indirectamente vinculadas con el trafico de estupefacientes o actividades terroristas”.

Negocio lucrativo

El negocio de las agencias de detectives privados  es lucrativo, algunos trabajos cuestan 15 mil, 50 mil y hasta 200 mil pesos, dependiendo de la magnitud del mismo y los lugares donde el “profesional de la investigación” se deba trasladar.

El gremio

El presidente de la Asociación Nacional de Detectives  Privados (Anadepri), Manuel Gutiérrez, se quejó de que Carela Castro ensucie el trabajo que realiza.

Gutierrez informó que  hace tres años Francisco Alberto Carela Castro quiso pertenecer a Anadepri y el consejo directivo lo rechazó por el escándalo con Miguelina Llaverías.

Entre los  casos que más investigan los detectives primados  están los de infidelidad, seguidos de la parte contraria de algunos abogados en procesos judiciales.

Se recuerda que unos guardaespaldas del entonces senador de San Pedro de Macorís Alejandro Williams trataron de intimidar a dos periodistas haciéndose pasar por detectives privados.

Extorsionadores falsificaban orden judicial

La banda de extorsionadores que se dedicaba a filmar de manera ilegal a parejas en moteles para luego chantajearlas con altas sumas de dinero, presentaba orden judicial falsificada a los propietarios de esos negocios para poder instalar cámaras en su interior e interceptar los  teléfonos de los mismos.

De acuerdo a informaciones obtenidas, la banda se identificaba como detectives privados y oficiales de la Policía Nacional y de otros organismos de seguridad del país, diciendo que estaban investigando a alguien.

Para la instalación de las cámaras la banda de extorsionadores se dirigía hacía las habitaciones VIP, que son las más proclives a ser visitadas por personas adineradas, las cuales eran “el blanco” de los estafadores.