El lunes en la tarde, poco después del desgarrador testimonio de las víctimas del caso Jet Set, el juez apoderado criticó duramente al Ministerio Público por no haber permitido a los imputados participar del peritaje realizado a la estructura colapsada.
Lo hizo en momentos en los que rechazaba un pedimento de los abogados de la defensa para que fijara la próxima audiencia del caso para un momento posterior a que se realice y entregue el peritaje que anteriormente el juez le había permitido a los imputados.
Es decir, y es importante aclararlo de entrada, que, al expresar lo que reseño en esta nota, el juez no estaba favoreciendo a la defensa, sino precisamente rechazándole un pedimento.
Sin embargo, el juez consideró necesario dejar claro que la situación es producto del afán del Ministerio Público de preparar los casos sin cumplir con el deber de información a los imputados y sin permitirles participar en las actuaciones de investigación en las que tienen derecho a hacerlo. El juez fue más lejos, señaló que esa es una violación clara de derechos que asisten a los imputados sin importar la gravedad del delito por el cual se les persigue.
Dijo también que, a corto o largo plazo, estos derechos serán garantizados porque un proceso penal no puede basarse en ese tipo de actuaciones. No dudó en señalar al Ministerio Público que no es correcto que actúe de manera secreta.
Por ello, le censuró que impidiera la participación de los imputados en ese peritaje, que fue realizado después de haberse impuesto una medida de coerción. Afirmó que había sido un grave error, y que al Ministerio Público le correspondía asumir la responsabilidad por ello.
Estas declaraciones del juez son muy valientes, pudo rechazar el pedimento sin hacer esas precisiones, pero decidió asumir la responsabilidad de hacerlas a pesar de lo sensible del caso que maneja.
Es, además, una reprimenda necesaria porque expone a la luz una práctica inveterada del Ministerio Público de extender la reserva de las actuaciones que permite la ley hacia ámbitos que le están vedados.
Esas sombras son el abono no sólo de arbitrariedades, sino de las debilidades que caracterizan los expedientes que luego anuncia como blindados. Pero es, además, una práctica ilícita que, tarde o temprano, y como ya anunció el juez, encontrará su freno y sus consecuencias en los tribunales de la República. Las palabras fueron duras, pero sabias, escúchenlas.
