Desde hace dos semanas las primeras planas de la prensa nacional están ocupadas con la infructuosa persecución a José Antonio Figuereo alias “Kiko la Quema”, acusado por las autoridades de ser distribuidor de drogas en la provincia de San Cristóbal. Todos los días tenemos noticias del drama, aunque rara vez alguna novedad.

Sin embargo, últimamente se han ido conociendo datos y detalles que llaman a preocupación.

Por ejemplo, se ha denunciado que, en el esfuerzo por capturar al prófugo, las autoridades han recurrido a detener a sus familiares. Es decir, a tomarlos como rehenes.

Esto está clara y expresamente prohibido por el artículo 40.8 constitucional. Peor aún, también se ha denunciado la detención de menores de edad para los mismos fines, lo que además viola el artículo 56 constitucional.

Este tipo de abusos se suele defender con el argumento de que es un mal menor frente a la delincuencia. Pero con ello se pierde de vista que son delincuencia también y, de paso, que no hay más peligroso delincuente que un Estado que decide abandonar la senda de la ley.

Ya lo tenía claro Thomas Hobbes cuando afirmó que la formación del Estado, y la consecuente entrega de las libertades naturales se legitima principalmente por su compromiso de convertirse en protector y garante de todos, ejerciendo lo que Webber llama el monopolio de la violencia legítima. Cuando esa violencia se torna ilegítima, todos quedamos a la intemperie y enfrentando una furia irresistible.

Muy lamentablemente, y a pesar de las reformas normativas y las grandes inversiones, los actores de nuestro sistema de justicia y seguridad ciudadana continúan violando su propio régimen legal con el fin de aplicar este tipo de medidas draconianas. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con el abuso de la prisión preventiva, que se ha convertido en una infección supurante que daña la salud de nuestro sistema de justicia.

El poder desatado del Leviatán es la principal amenaza que puede enfrentar una sociedad democrática. Contenerlo es un trabajo arduo y permanente.

Cuando los funcionarios encargados de hacerlo no ejercen el autocontrol ni el control de las arbitrariedades estatales, nos corresponde a los ciudadanos denunciarlas. Hay que recordarles que no todo se vale. Tenemos más poder del que imaginamos, y la rueda de la Historia suele ser lenta, pero también implacable.