El Día 
Santo Domingo.– El Tribunal Superior Administrativo (TSA) aplazó para el 18 de enero del año próximo el conocimiento del recurso de amparo ambiental contra la instalación de las plantas a carbón en Baní, a fin de que las partes presenten nuevas de pruebas.
El Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático (CNLCC), el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (Insaproma), entre otras organizaciones plantearon que la única solución que tiene el gobierno para concluir la construcción de las plantas de Punta Catalina es convirtiéndolas a gas natural tras someter un recurso de amparo ambiental preventivo en contra de estas plantas.
Las entidades descartaron que la participación del sector privado en este proyecto como lo solicitara la semana pasada el presidente, Danilo Medina, resuelva la carencia de financiamiento que padece la construcción de estas plantas.
Señalaron que el gobierno se quedó sin dinero para proseguir con esta obra, a causa de que los empréstitos internacionales concertados en abril y en julio de este año no han sido desembolsados.
Asimismo, informaron que en las últimas semanas el consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella despidió a centenares de trabajadores que laboraban en la construcción de estas plantas y varias empresas contratistas suspendieron los trabajos por falta de pago.
Advirtieron que los empréstitos concertados con el Banco de Desenvolvimiento Económico y Social (BNDES) del Brasil, con el Deutsche Bank, con el Banco de Santander de Milán, con ING Bank, con la Societe Generale y con Unicredit SPA, por US$1,312.9 millones, será muy difícil que lleguen al país, por ser Punta Catalina un proyecto de energía sucia basada en el carbón mineral y por estar sobrevaluado en alrededor de mil millones de dólares.
Explicaron que a causa de este préstamo, el BNDES del Brasil está bajo sospecha en procesos judiciales abiertos en ese país por tráfico de influencias, y por otro lado, los bancos y agencias crediticias europeas han recibido la restricción explícita para inhibirse en la concesión de préstamos para financiar plantas de carbón.
Indicaron que si estas plantas, en vez de emplear carbón mineral, utilizaran como combustible el gas natural, costarían un tercio del valor originalmente estipulado, se reduciría enormemente la contaminación ambiental y no tendrían dificultades para obtener financiamiento blando.
En el estado de Nuevo León, México, la empresa española Iberdrola está construyendo una central de ciclo combinado de gas natural y vapor de agua de 850 megavatios, a un costo de 400 millones de dólares.
Las organizaciones citaron este ejemplo que producirá 130 megavatios más que las plantas de carbón de Punta Catalina costando apenas un 20% del su valor total.
Aseguraron que la invitación que hizo el presidente Danilo Medina para que el sector privado se asociara al gobierno para continuar la construcción de estas plantas a carbón y administrarlas, es una propuesta para compartir el desastre que representan estas plantas que se encuentran “en un callejón sin salida”.
Dichas entidades dijeron que la participación del sector privado no cambiará en nada que el proyecto continúe siendo contaminante y sucio mientras su base de generación sea el carbón, y por tanto no alterará la carencia de financiamiento que sufre por este motivo.
Además sería un mal negocio para el sector privado incorporarse a un proyecto que además de estar sobrevaluado, tiene un contrato con Odebretch con escalamiento de precios que podría alterar su costo final en más de un 30% por encima de los presupuestado, aclararon.
Consideraron que el recurso de amparo interpuesto gana aún más apoyo en la caída del financiamiento internacional comprometido para las plantas de carbón, porque además de los grandes daños ambientales que producirían estas plantas de carbón, se ha sumado ahora su inviabilidad financiera, dijeron.
