SANTO DOMINGO.– El Tribunal Constitucional emitió en el año 2013 una resolución que prohíbe la interceptación telefónica sin previa autorización de un juez competente, como había decidido el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).

Los jueces de la alta corte declararon inconstitucional las intervenciones ilegales, tras señalar que violentan el derecho de intimidad e inviolabilidad de las telecomunicaciones, el principio de razonabilidad y el debido proceso, así también el derecho de defensa y la legalidad penal, según la Constitución.

Sin embargo, ese tribunal dispuso en ese momento que la interceptación telefónica solo era posible contra personas objeto de alguna investigación judicial.

También la Declaración de los Derechos Humanos establece: “Nadie será objeto de injerencia arbitraria en de su correspondencia”; mientras que el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos dispone la prohibición de la injerencia arbitraria o ilegal en la correspondencia, por ser una manifestación de la intimidad de las personas y reconoce el derecho de esta a que la ley le proteja de todas clases de injerencias.

El jurista Fernando Pérez Vólquez calificó de un crimen la intervención del teléfono de un abogado de un imputado en un hecho, aunque señaló que el Estado, a través del Ministerio Público, puede solicitar la interceptación del teléfono de una persona acusada.

El bloque de diputados del Partido Revolucionario Moderno pidió ayer interpelar al procurador Jean Alain Rodríguez para que explique las intervenciones.