Félix Bautista, Guido, Jean Alain, Gonzalo y Roberto Rosario: los casos más sonados de políticos a los que les quitaron la visa
- Aunque muchos casos nunca salen a la luz pública, lo cierto es que la cancelación de visados a políticos dominicanos ha sido más común de lo que oficialmente se admite
Santo Domingo.-La embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Campos, ha reabierto un debate que durante años se ha movido entre rumores y especulaciones entre la clase política: el retiro de visados a dirigentes y funcionarios públicos.
Campos afirmó en una entrevista en el programa Gepiano Podcast, que Estados Unidos había sido utilizado por sectores de la política local en torno al tema de la cancelación de visados, una declaración que, aunque no ofreció nombres específicos, alimentó la percepción de que en algunos casos actores dominicanos habrían influido o presionado para que determinadas figuras fueran sancionadas migratoriamente.
Aunque muchos casos nunca salen a la luz pública, lo cierto es que la cancelación de visados a políticos dominicanos ha sido más común de lo que oficialmente se admite.
Sin embargo, varios episodios terminaron convirtiéndose en hechos públicos por el peso de las figuras involucradas o por las circunstancias que rodearon las decisiones de Washington.
Uno de los casos más recordados fue el del fallecido dirigente reformista Amable Aristy Castro.
En agosto de 2006, la Embajada de Estados Unidos confirmó la revocación de su visa B1-B2.
El comunicado indicaba que el exsenador había sido encontrado “inelegible” bajo disposiciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, aunque sin ofrecer detalles adicionales debido a la confidencialidad de los registros migratorios.
Otro caso que volvió recientemente al debate público es el de Guido Gómez Mazara.
Durante dos décadas permaneció sin poder ingresar a territorio estadounidense luego de que su visa fuera cancelada en 2004, cuando ocupaba la posición de Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo durante el gobierno de Hipólito Mejía.
Hace apenas unos días se confirmó la restitución de su visado. Gómez Mazara ha sostenido públicamente que la medida estuvo vinculada a un conflicto personal relacionado con el doctor Salomón Melgen, cercano al exsenador estadounidense Bob Menéndez.
Según su versión, ese episodio habría derivado en presiones hacia el entonces embajador estadounidense Hans Hertel para cancelar el documento migratorio.
En el caso del excandidato presidencial Gonzalo Castillo, informó ayer a través de la red social X que le fue restituida una visa de diez años.
Castillo agradeció al gobierno estadounidense, al presidente Donald Trump y a Leah Campos por la decisión.
El dirigente político, que permanece sometido a un proceso judicial aunque sin condena definitiva, interpretó la restitución como una reivindicación del debido proceso y del respeto a los derechos fundamentales.
El caso volvió a alimentar interpretaciones sobre posibles motivaciones políticas detrás de ciertas cancelaciones de visados.
Uno de los expedientes más severos fue el del senador Félix Bautista.
En 2018, el Departamento de Estado no solo le canceló el permiso de entrada a Estados Unidos, sino también a varios miembros de su familia inmediata.
Washington lo designó públicamente bajo la sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones, alegando participación en “actos de corrupción significativa”.
La disposición contempla restricciones migratorias tanto para los funcionarios señalados como para sus familiares cercanos cuando existan informaciones consideradas creíbles sobre corrupción o violaciones graves de derechos humanos.
También figura el caso del exprocurador Jean Alain Rodríguez, a quien Estados Unidos le retiró el visado.
Jean Alain sostuvo que la decisión estadounidense estuvo basada únicamente en informaciones suministradas por la Procuraduría dominicana, sugiriendo indirectamente que actores internos pudieron influir en la medida.
Aun así, reconoció que el ingreso a Estados Unidos constituye una facultad soberana de ese país.
Otro de los episodios más controversiales fue el del expresidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario.
En 2016, el entonces funcionario denunció que el retiro de su visa estuvo vinculado al conflicto generado tras la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional sobre nacionalidad.
Rosario relató recientemente en el programa “Esto No Tiene Nombre” que el entonces embajador estadounidense James Wally Brewster habría tomado represalias luego de no ser recibido oportunamente debido a la agenda electoral de la Junta Central Electoral.
La acumulación de estos casos, muchos de ellos rodeados de versiones políticas, conflictos personales o disputas judiciales locales, termina dando contexto a las declaraciones de Leah Campos sobre el uso político del retiro de visados en República Dominicana.
Aunque cada expediente responde oficialmente a decisiones soberanas del gobierno estadounidense, la percepción instalada durante años en sectores políticos dominicanos es que, en ocasiones, las cancelaciones de visados también han sido utilizadas como herramienta de presión, castigo político o mecanismo de influencia dentro de la dinámica local.
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