El Gobierno ha dado muy pocas señales de que entre sus prioridades esté organizar el transporte de pasajeros o el de carga.
Ha dejado tan importante servicio en las manos de personas que se han agrupado para formar gremios que les permitan tener ellos el control.
Los transportistas han actuado a su parecer, fundamentalmente porque las autoridades no han impuesto reglas claras que permitan a los transportistas saber a qué abstenerse.
A la hora de hablar de tarifas se impone la decisión de esos grupos y el Gobierno finalmente tiene que conformarse con el hecho consumado.
Pero los transportistas suelen comportarse como “chivos sin ley” porque el Gobierno se ha hecho el desentendido.
El impacto del transporte es vital en el presupuesto familiar. Sin embargo, en la actualidad no hay disponible ningún estudio concluyente que determine cuál es el costo real de un pasaje, los niveles de rentabilidad de los prestadores del servicio y la eficacia de las rutas existentes.
La mayor carga de responsabilidad en el desorden existente en el transporte recae en las autoridades, que son las llamadas a regular ese vital servicio público.
No se le quiera cargar el dado a los transportistas, pues ellos requieren ser regulados.
Insistimos, no hay a la vista ningún esfuerzo en firme para solucionar el problema del transporte de pasajeros y de carga.
El Metro de Santo Domingo empezó como una alternativa, pero su expansión se ha dilatado mucho.
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