La Junta Central Electoral está compelida a tomar una serie decisiones relevantes con relación a los procesos electorales de febrero y mayo de 2020.

En ese proceso resulta adecuado tomar en consideración las opiniones sensatas de los dirigentes políticos o aspirantes a alguna posición electiva, pero teniendo presente que su compromiso fundamental es con la institucionalidad, la democracia y la nación.

En ese sentido, el Tribunal Constitucional hace bien en acelerar decisiones sobre recursos de los que ha sido apoderados sobre asuntos que tienen relevancia en el proceso electoral.
Ha pedido la opinión a la Junta, por ejemplo, sobre un recurso de inconstitucionalidad cuyo fallo será determinante para la aceptación o rechazo de una serie de candidaturas.

La Junta debe atender el requerimiento del Tribunal Constitucional, teniendo el cuidado de no dar espacio a que la arrastren al terreno de la disputa.

En los próximos días ese organismo está llamado a definir el sistema de votación que se utilizará, la adjudicación de la auditoría a los equipos del voto automatizado y su accionar frente al requerimiento que le ha hecho el Tribunal Constitucional.
El tiempo avanza.