Entre todas las dificultades que tuvo el Partido de la Liberación, la negativa de la Junta Central Electoral fue citada como la principal, ya que el uso de sus equipos tecnológicos era el mecanismo para el correcto desenlace de la consulta que estaba prevista para el domingo 18 de octubre.
Es decir, en la Comisión Nacional de la Consulta para las Aspiraciones Presidenciales atribuyó la decisión de la Junta como el más decisivo que indujo a suspender el proceso, obviando que desde siempre, ese organismo tuvo la posición de que la consulta estuvo al margen del marco legal.
Al manifestar su desacuerdo sobre la decisión, sin la discusión con los precandidatos, Francisco Javier García planteó que la consulta era salvable, con el simple hecho de autorizar y materializar el voto de la militancia del PLD de manera material. La comisión alegó que tenía el mandato de que la votación fuera “automatizada”.
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