SCJ desautoriza a jueces manifestaciones públicas

Santo Domingo.-El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial (CPJ), Mariano Germán Mejía, desautorizó las manifestaciones públicas encaminadas a exigir un mayor presupuesto para ese poder del Estado.

El magistrado Germán reconoce que es una realidad que el Poder Judicial requiere de más recursos para satisfacer sus necesidades fundamentales y que, en ese sentido, las aspiraciones de jueces y empleados son legítimas; pero al mismo tiempo, es de criterio de que las manifestaciones públicas, principalmente en las calles y con exhibiciones que pudieran parecer inapropiadas, son métodos que no guardan armonía con la idiosincrasia de los valores que ante la sociedad tienen que exhibir los servidores judiciales. Aclaró que está en conversaciones armoniosas con los demás poderes del Estado para que dichas necesidades puedan ser satisfechas.

Canal institucional

Los canales adecuados tienen que ser de naturaleza institucional, insistió. “El Poder Judicial necesita un mayor presupuesto para aumentar su eficiencia, abrir nuevos tribunales creados por ley y mejorar las condiciones de su personal, pero las reclamaciones deben ajustarse a los procedimientos y deben utilizarse los canales correspondientes”, ratificó el presidente de la Suprema Corte de Justicia.

La situación económica por la que atraviesa el Poder Judicial no es la mejor en los actuales momentos, puntualizó.
Exhortó a los jueces, juezas y servidores judiciales a utilizar las vías reglamentarias para canalizar cualquier inquietud que tengan con respecto al tema presupuestario del Poder Judicial.

Demanda recurrente

Desde hace varios años la demanda de un mayor presupuesto para la Suprema Corte de Justicia se ha convertido en una constante.

Los profesionales han externado quejas en relación a la necesidad de que se establezcan mejores sueldos, como también de que se creen nuevos tribunales para brindar un mejor servicio.

La Asociación de Jueces y Juezas de la República Dominicana en ocasiones ha reclamado la intervención de los poderes Ejecutivo y Legislativo para que se otorgue un mayor presupuesto al Poder Judicial y la Procuraduría General de la República.