República Dominicana y Panamá encabezan las tasas de reportes de material de abuso sexual infantil en la región

  • El índice 2026 de Childlight sitúa a Panamá en primer lugar y a República Dominicana en el segundo, mientras advierte sobre carencias de personal especializado y dificultades para procesar investigaciones digitales

Abuso Infantil/Fuente externa
Abuso Infantil/Fuente externa

Santo Domingo. – Panamá y República Dominicana presentaron las tasas más elevadas de reportes relacionados con material de abuso sexual infantil en América Latina y el Caribe, de acuerdo con el índice 2026 de Childlight, que recoge datos correspondientes a 2025.

Panamá ocupó el primer lugar, con 245.31 reportes y avisos por cada 10,000 habitantes, mientras que República Dominicana se situó en la segunda posición, con 157.23. Ambas cifras superaron el promedio regional, establecido en 52.1 por cada 10,000 habitantes.

El indicador toma en cuenta las notificaciones sobre posibles casos de abuso o agresores, así como los avisos relacionados con contenido de abuso sexual infantil detectado en plataformas y servidores. Sin embargo, el informe advierte que estas tasas no representan la prevalencia real de esos delitos en cada país ni permiten establecer una clasificación sobre la magnitud del abuso.

Panamá concentró gran parte del contenido detectado en la región

El documento Into the Light Index on Global Child Sexual Exploitation and Abuse 2026 identifica a Panamá como un caso destacado por la cantidad de material de abuso sexual infantil alojado en su territorio.

Según los datos recopilados, la Internet Watch Foundation (IWF) atribuyó a Panamá entre el 98.3 % y el 99.9 % del contenido detectado en la región. Por su parte, la red INHOPE registró proporciones que oscilaron entre el 42.9 % y el 99.7 %.

Estas organizaciones contabilizan el material identificado y alojado en distintos países. Childlight considera que los resultados reflejan una concentración considerable de ese contenido en Panamá, aunque señala que hacen falta estudios adicionales para determinar las causas de este comportamiento.

El informe también aclara que las cifras dependen de los mecanismos de detección, la cobertura y los canales de notificación utilizados por cada fuente. Por esa razón, una mayor cantidad de reportes no significa necesariamente que exista una mayor prevalencia de abuso en la población.

República Dominicana registró un aumento de las notificaciones

En el caso dominicano, la tasa pasó de 90.66 reportes por cada 10,000 habitantes en 2023 a 69.14 en 2024, antes de alcanzar los 157.23 durante 2025.

El índice también recoge un incremento importante en las notificaciones enviadas al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos (NCMEC). Los reportes relacionados con República Dominicana aumentaron de 79,020 en 2024 a 181,140 en 2025, lo que representa una diferencia superior a los 100,000 avisos.

Childlight precisa que la información disponible sobre el país procedió de los registros del NCMEC y de datos sobre posesión de archivos en redes de intercambio. No se incluyeron estadísticas de alojamiento de contenido proporcionadas por INHOPE ni por la Internet Watch Foundation.

El organismo considera que el indicador dominicano apunta a una actividad preocupante vinculada con este tipo de material en plataformas tecnológicas, aunque entiende que se necesitan más fuentes regionales para establecer con mayor precisión el alcance del problema.

Otros países también superaron o se acercaron al promedio regional

Después de Panamá y República Dominicana, El Salvador presentó una tasa de 58.60 reportes y avisos por cada 10,000 habitantes, por encima de la media regional.

En tanto, Costa Rica registró 42.19; Guatemala, 39.89; Nicaragua, 34.58, y Honduras, 30.90.

El informe destaca que Costa Rica experimentó en 2024 un incremento en la cantidad de material alojado, según los registros de INHOPE. Ese cambio elevó en un 10 % su participación dentro del total regional frente al año anterior.

Childlight advierte que la ausencia de reportes o los registros reducidos no deben interpretarse automáticamente como una señal de menor incidencia del problema, pues también pueden estar relacionados con limitaciones en la detección y en los mecanismos para denunciar estos delitos.

Estudios reflejan la dimensión del abuso sexual infantil

El índice también presenta estimaciones sobre las experiencias de explotación y abuso sexual infantil en América Latina y el Caribe. Según los estudios examinados, el 23 % de las mujeres y el 17.6 % de los hombres de la región sufrió alguna forma de abuso o explotación sexual fuera de internet antes de cumplir los 18 años.

En cuanto a las agresiones facilitadas por la tecnología, el 11.4 % de los niños reportó haber recibido solicitudes sexuales en línea durante los 12 meses anteriores a la recopilación de los datos. Asimismo, el 16.2 % estuvo expuesto a contenido sexual no deseado.

Para calcular estas estimaciones, Childlight revisó 15 investigaciones de nueve países sobre experiencias relacionadas con el entorno digital y 92 estudios realizados en 23 países sobre distintas formas de abuso y explotación fuera de internet.

Informe advierte limitaciones en las capacidades de investigación

El estudio también examinó los recursos disponibles para investigar estos delitos en 24 países y territorios de América Latina y el Caribe que respondieron una encuesta sobre el fortalecimiento de sus sistemas.

El 83.3 % informó que contaba con alguna capacidad especializada para investigar casos de explotación y abuso sexual infantil. No obstante, el 41.7 % indicó que carecía de analistas dedicados a las investigaciones sobre abuso sexual infantil en línea, mientras que un 8.3 % manifestó desconocer si disponía de ese personal.

En materia de análisis forense digital, apenas el 25 % de las jurisdicciones consultadas aseguró tener capacidad para procesar la totalidad de los casos de explotación sexual infantil en línea en un período de 12 meses.

Otro 20.8 % señaló que podía atender hasta una cuarta parte de los expedientes durante ese plazo, mientras que el 16.7 % reconoció tener recursos inexistentes o limitados.

Para Childlight, estas condiciones pueden dificultar el examen de las pruebas digitales y la respuesta de las autoridades ante el crecimiento y la complejidad de las investigaciones relacionadas con delitos cometidos mediante plataformas tecnológicas.

Los mecanismos de denuncia influyen en la respuesta de las autoridades

Las dificultades también se reflejan en la forma en que las instituciones reciben las notificaciones internacionales. De los 54 países y territorios evaluados en la región, el 45.1 % recibía indirectamente las derivaciones del NCMEC, es decir, a través de entidades intermediarias, como embajadas u organismos internacionales vinculados a las fuerzas de seguridad.

El informe señala que este procedimiento puede impedir que las autoridades nacionales tengan acceso directo a todas las notificaciones correspondientes a sus territorios. Además, podría reducir su conocimiento sobre los criterios utilizados para clasificar y priorizar las denuncias.

Otro aspecto evaluado fue el tiempo necesario para retirar el contenido ilegal de internet. En los países que disponían de una línea miembro de INHOPE, la primera retirada se producía en un promedio de 1.4 días.

En cambio, en los territorios donde se detectaba material alojado, pero no existía una línea miembro de esa red, el tiempo promedio para la primera retirada ascendía a 41 días.

Childlight destaca que esta diferencia evidencia la importancia de contar con canales especializados para recibir denuncias, coordinar las acciones y agilizar la eliminación de contenido de abuso sexual infantil.

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Agencias