SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) investiga a varios funcionarios de la gestión pasada y empresarios por el caso de un presunto desfalco contra el Estado dominicano que envuelve montos que se aproximan a los 20 mil millones de pesos.

Entre los investigados están el exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, Simón Lizardo Mézquita, Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo), Emilio César Rivas Rodríguez, Claudio Silver Peña, Luis Miguel Piccirillo Mccabe y Domingo Enrique Martínez Reyes, Luis Baldemiro Reyes Santos, Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, Princesa Alexandra García Medina y Aldo Antonio Gerbasi Fernández, Rafael Gómez Medina, entre otros.

Cómo se descubrió el caso

El caso era solo tema de conversación de pasillos, pero que ahora se muestra como el más voluminoso expediente de corrupción en el que trabaja el Ministerio Público y que envuelve montos que se aproxima a los 20 mil millones de pesos.

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Se trata de un mecanismo detectado de manera accidental en 2021 para cobrar miles de millones de pesos al Estado por expropiaciones que datan de hasta 50 años y que eran cobrados a precios actuales y que los investigadores estiman que la mayoría de los fondos quedaban en manos de personas vinculadas con el Ministerio de Hacienda de la gestión anterior.

El Ministerio Público ha sido cauto hasta ahora porque se enfrenta al reto de demostrar el ilícito por parte de los funcionarios de la gestión anterior, abogados y “buscones” que se encargaban de detectar expedientes viejos de expropiaciones.

Los propietarios originales recibían “migajas”, mientras que el Ministerio Público estima que los miembros de la estructura se quedaban con la mayor parte de los recursos.

El caso se descubrió casi de manera accidental por un tecnicismo en la elaboración del Presupuesto del 2021. Resulta que cuando las actuales autoridades asumieron la administración pública el 16 de agosto de 2020 estaba en vigencia el Presupuesto elaborado por la administración anterior.

Debido a un tecnicismo que obliga a presentar el proyecto de Presupuesto en octubre, las nuevas autoridades replicaron casi al calco muchas partidas del Presupuesto del 2020, pero cuando con el paso del tiempo empezaron a tener control de ese instrumento de administración pública se descubrió que había una partida con unos 10 mil millones de pesos para el pago de “deudas del Estado fruto de sentencias condenatorias” relativas a expropiaciones que databan de hasta 50 años atrás.

Es ese el campanazo que hizo que las actuales autoridades sospecharan que algo no andaba bien al respecto y apoderaron al Ministerio Público del caso.

El reto con el que se han enfrentado los investigadores es el de vincular la acción con un ilícito y demostrar que autoridades anteriores y cómplices se lucraban de ese mecanismo que se disfrazaba de legalidad al conseguir sentencias en los tribunales.

Ese ha sido el caso que ha llevado varias veces al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, ante la Procuraduría General de la República para ser interrogado, al igual que otras figuras como Ángel Lockward y Ramón Emilio Collie.

Hasta ahora
El Ministerio Público ha identificado pagos por unos 17 mil millones de pesos a través de este mecanismo y logrado la colaboración de algunos de los investigados.
La investigación en curso fue develada públicamente por un recurso Contencioso en contra del Informe especial de la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República de fecha 23 de septiembre del 2021 sobre el pago de expropiaciones.

En un informe interno, esa entidad se pronunció en contra de dos reclamos de pagos obtenidos por aparentes clientes de Lockward por expropiaciones que datan de 46 años y que totalizan 7,000 millones de dólares.

En su argumentación, el abogado y político revela que dicho acto administrativo detuvo el pago de 800 millones de pesos que estaban contenidos en el Presupuesto de 2021 para el pago de una expropiación correspondiente a una sucesión de la familia Jorge-Mota y que también provocó la detención del pago de 6,200 millones de pesos para el pago de la expropiación correspondiente a la sucesión de Bernardino Mercedes.

Esas dos sucesiones han estado representadas por Ángel Lockward, quien logró que en los tribunales se dispusiera el pago y que posteriormente fueran incluidos en el Presupuesto.

El acto administrativo de la Contraloría General de la República fue remitido a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), que lo ha usado como punto de partida para varias diligencias investigativas.

Ante el requerimiento de nulidad por parte de Lockward, la Contraloría ha alegado que el acto en cuestión se trata de un trámite interno del cual no ha sido apoderada ninguna instancia judicial hasta el momento y que por tanto no procede pedir su nulidad aunque el Ministerio Público lo esté utilizando como parte de sus investigaciones.

Efectivamente, el Ministerio Público no ha procesado acusación ni sometimiento porque todavía está en la fase de investigación y recopilación de las pruebas para sustentar sus alegatos de ilícito.