SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público anunció que incluirá nuevos imputados en el caso denominado «Antipulpo», tras recibir auditorías de la Cámara de Cuenta sobre operaciones realizadas por empresas vinculadas a Alexis Medina con entidades del Estado.
La procuradora Adjunta, Yeni Berenice Reynoso, no dijo nombres al hacer el anuncio.
Las auditorías abarcan procesos de transacciones de compras a Salud Pública, la Policía Nacional, Obras Públicas, el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, Ministerio de Educación y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste).
Esas instituciones, al momento de las auditorías eran dirigidas por Gonzalo Castillo, Ministro de Obras Públicas y posterior candidato presidencial del Partido de la Liberación Domoinicana; el mayor general Nelson Peguero Paredes, jefe de la Policía Nacional; Antonio Peña Mirabal, Ministro de Educación y también se auditaron unas donaciones del Fondpo Patrimonial de las empresas reformadas a una fundación dirigida por Yomaira Medina.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) adelantó que depositará en los próximos días acusación contra los implicados en la red de lavado de activos del caso “Pulpo”, con cientos de nuevas pruebas y nuevos implicados.
La directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso indicó que las notificaciones hechas por la Cámara de Cuentas en sus informes de auditoría han robustecido los elementos para la acusación contra los implicados y han arrojado evidencia contra otras personas.
Reynoso dijo que el “caso Pulpo es un proceso complejo porque tiene cientos de pruebas nuevas, imputados nuevos y con la comisión de hechos muy graves”.
Dijo que han estado documentando la distracción de miles de millones de pesos en perjuicio del Estado.
“Se observará cómo se recibían los sobornos, todo ese clima de corrupción, toda esa impunidad que impactó la seguridad ciudadana a través de la Policía, los hospitales principales del país, a la gente pobre, los mismos militares y policías que no les llegaban los fondos que tenían que llegarles ”, afirmó.
Auditoría a Edeeste
En Edeeste la Cámara de Cuenta detectó irregularidades en compras a empresas ligadas a imputados en el caso “Antipulpo” y a Alexis Medina Sánchez. La auditoría abracaba el periodo enero 2013-diciembre 2020, cuando Luis De León fungió como administrador de esa institución.
La auditoría realizada por la Cámara de Cuentas a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE) revela que en esa institución hubo irregularidades en proceso de compras y contrataciones, adquisición de bienes, al igual que diferencias entre montos facturados y pagados adjudicados a las empresas General Supply Corporation, Globus Electrical, Unite Supliers Corporation, Wattmax Dominicana, Electrodacd, Contrata Solution Service y Márquez Sarraff Constructora.
El informe correspondiente al periodo 2013-2020 revela que en los procesos de compras y contrataciones en EDEESTE hubo selección y adjudicación con procedimiento incorrecto ascendente a los 832 millones 601 mil 067 pesos y 299 millones 951 mil 758 pesos.
Además señala que en compras de bienes y servicios sin se negociaron 801 millones 880 mil 612 pesos sin contrato entre las partes.
Detalla que se adquirieron productos eléctricos con precios que exceden al al precio del mercado por un monto de 16 millones 267 mil 921 pesos, además de una diferencia entre monto facturado y pagado de 3 millones 157 mil507 pesos.
También señala retenciones no aplicadas por readecuaciones de locales y centros técnicos por más de 21 mil pesos.
Auditoría a OISOE y Salud Pública (periodo 2012 – 2015) incumbente Freddy Hidalgo, en Salud Pública y Pimentel Kareh, Francisco Pagán en la OISOE, RESPECTIVAMENTE.
Los informes de auditorías de la Cámara de Cuentas realizadas a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y a Salud Pública, consigna una serie de irregularidades durante el proceso de adjudicación y construcción de una red hospitalaria.
Entre los vicios detectados están el de contrataciones de urgencia por más de tres mil millones de pesos sin informe pericial, procedimientos de urgencias sin declaración de fondos por unos tres mil millones de pesos, adjudicaciones sin evidencia de que se cumpliera el procedimiento de licitación en el portal de la Dirección de Compras y una serie de señalamientos adicionales contenidas en el informe aprobado por el pleno de la Cámara de Cuentas el martes pasado.
Las dos auditorías fueron realizadas, sobre el mismo proceso, a la OISOE y al Ministerio de Salud Pública.
En el informe de auditoría se le hacen 31 señalamientos sobre irregularidades detectadas en los procesos, que también sirven de base para la acusación del proceso del llamado “Caso Pulpo”.
Fonper
Auditoría al Fonper (periodo 2013-2020) durante la gestión de Fernando Rosa:
El informe de la auditoría a los fondos desembolsados por el fondo patrimonial de las empresas reformadas (FONPER), a favor de la fundación de mujeres para el desarrollo de San Juan De La Maguana, Inc., (FUMUDESJU), 10 de abril de 2007 y el 9 de julio de 2020.
El informe de la Cámara de Cuentas revela que la hermana expresidente de la República Danilo Medina Sánchez, Lucía Medina Sánchez, recibió más de 52 millones de pesos de los 53,109,116 que entregó en ayudas por parte del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), del año 2013 al 2020.
El informe muestra que los diferentes pagos se realizaron vía cheques en partidas de seis millones de pesos, se hicieron por convenios de colaboración para financiamiento del “Programa Vida Saludable” de la Asociación de Mujeres para el Desarrollo de la Provincia San Juan de la Maguana (Asodemusa), presidida por la hermana del expresidente Medina y que se desempeñaba como diputada de la provincia San Juan de la Maguana.
La auditoría publicada por la Cámara de Cuentas rebeló obras del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) con pagos mayores a los ejecutados en campo por un monto de RD $4,950,109.
El informe de la Cámara de Cuentas detalla que en las construcciones tomadas como muestra comprobó que en 18 de las obras contratadas se pagaron partidas en exceso a lo ejecutado. Entre ellas se señala la terminación del Centro Geriátrico Hogar de Ancianos San Lucas y la construcción de la panadería y repostería Doña Lola, ambas en el mismo lugar y siendo la primera la de mayor diferencia.
El informe también muestra violación a los procesos de compras y contrataciones ente agosto 2012 y agosto 2020, se identificaron 12 procesos por monto RD$15,801,169, adjudicados a seis empresas con operaciones vinculadas.
Las Ejecuciones del Fonper según el informe, violaron la ley No. 340-06 de Compras y Contrataciones, pues muestra que las conexiones que consistían en la presentación de cotizaciones solicitadas de manera directa y exclusiva a 17 proveedores, los cuales muestran el intercambio de participación en los procesos de compras ejecutados.
Policía Nacional
Auditoria Policía Nacional (periodo 1 enero 2015-31 diciembre 2017), incumbente mayor general Nelson Peguero Paredes:
El informe de auditoría de la Cámara de Cuentas establece que la Policía Nacional compró a Alexis Medina Sánchez, principal imputado en el caso “Pulpo”, RD$220.7 millones de pesos en combustible de manera irregular durante la jefatura del mayor general Nelson Peguero (2015-2017).
La resolución aprobada indica que la Policía compró el combustible a la empresa Fuel América Inc. Dominicana, propiedad de Medina Sánchez, sin que ésta tuviera autorización para el transporte y comercialización de combustible emitido por el Ministerio de Industria y Comercio.
Señala que el contrato para la compra de combustible fue firmado el 4 de septiembre de 2015. La empresa Fuel América fue representada por su gerente Julián Esteban Suriel Suazo, aunque uno de los principales accionistas era Alexis Medina Sánchez, indica el informe.
Julian Esteban Suriel Suazo está encartado también en el caso “Pulpo” acusado de ser testaferro de Medina Sánchez en diversas operaciones, incluyendo la que ahora hace referencia la Cámara de Cuentas.
De acuerdo con la acusación, el imputado era parte de la empresa Fuel American Inc. Dominicana SRL, beneficiada con 220.7 millones por contratos con la Policía Nacional.
La compañía, constituida el 18 de julio de 2013, con domicilio social en la avenida Abraham Lincoln, Torre Sonora, Suite 403, del Distrito Nacional, tenía como socios fundadores a Juan Alexis Medina Sánchez, César Ezequiel Féliz Cordero y José Dolores Santana Carmona.
Luego, el 25 de marzo de 2015, las acciones fueron cedidas al coimputado Suriel Suazo e hizo el cambio de su domicilio social a la avenida 27 de Febrero, número 328, al Edificio RS, sector Bella Vista.
El informe de la Cámara de Cuentas, aprobado ayer por su pleno, indica que “los pagos en el período 2015-2017 a la empresa Fuel América Inc. Dominicana, por el valor de RD$220,739,721, no contienen documentos de recepción donde se indique nombre del proveedor, cantidad y tipo de combustible, chofer, camión, placa, número de conduce, hora, entre otras informaciones importantes”.
Indica también que las órdenes de compras no indican la fecha en que fueron elaboradas, cantidad de galones comprados, precios y detalles del lugar donde se suministra.
La Cámara de Cuentas también hace referencia a la falta de controles en la entrega de combustibles asignados por la Policía, señalando casos de varias personas recibiendo combustible con un mismo conduce, ausencia de documentación, entre otras irregularidades.
Al término de su resolución, señala “que los principales funcionarios de la entidad Policía Nacional, actuando en ocasión del desempeño de sus atribuciones, no observaron las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y normativas de cumplimiento obligatorio para los administradores de recursos públicos”, indicios podrían comprometer la responsabilidad penal de los funcionarios, según la auditoría.
Ministerio de Educación
Auditoría al Ministerio de Educación (periodo 2018-202) incumbente: Antonio Peña Mirabal.
La Cámara de Cuentas encontró irregularidades en una auditoría realizada al Ministerio de Educación durante el periodo 2018-2020, correspondiente al equipamiento del Hogar Escuela Nuevo Amanecer, por un monto superior a los 108 millones de pesos.
El informe señala que desde el Ministerio se planificó la compra de bienes para ese centro incumpliendo las disposiciones de la Ley de Compras y Contrataciones.
El proceso se hizo de urgencia en favor de la empresa Suim Suplidores Institucionales Méndez, pero no se remitió a la Cámara de Cuentas ni a la Contraloría, y tampoco fue publicado en el portal de la página de la Dirección de Compras, detalla la investigación.
La auditoría también indica que se pagó un anticipo de 10.8 millones de pesos a la misma empresa para la compra de dispositivos para los estudiantes en el marco del programa República Digital sin la certificación del fabricante, pero posteriormente el contrato fue rescindido.
Los contratos con Suim Suplidores Institucionales Méndez fueron registrados fuera del plazo que establece la Contraloría General, además, el Ministerio contrató esa empresa y la misma no cuenta con trabajadores asalariados, de acuerdo a la investigación publicada por la Cámara de Cuentas correspondiente a dos años.
Diferencias
El informe revela que hubo diferencias entre la cantidad comprada y la observada físicamente por seis millones de pesos, activos en deterioro por desuso, equipos no instalado, ausencia de formulario y activos no localizados, entre otros.
Obras Públicas
La Cámara de Cuentas de la República Dominicana confirmó las denuncias de irregularidades en los contratos para la compra del material asfáltico AC-30 del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOCP), dirigido entonces por Gonzalo Castillo, y la empresa General Supply Corporation.
Entre las anomalías encontradas en la investigación está que se pagó, sin evidencias de soporte documental, el monto de RD$3,500,000,000, por concepto del contrato de línea de crédito suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas y el Banco de Reservas, que establece la retribución del 10 % en calidad de gasto por los servicios de diseño, administración e implementación del programa.
También se encontró “excedentes de cantidad, sin evidencia de ajustes de precio, por la suma de RD$3,767,329; pagos en exceso al monto contratado, sin justificación, por un monto de RD$484,117,400 y pagos realizados sin evidencia de certificación DGII y TSS, ascendentes a RD$422,992,993”, dice el documento.