¿Puede un robot ser juez? Jurista advierte sobre los riesgos de usar IA para impartir justicia
- El magistrado rindió homenaje al jurista alemán Robert Alexy.
Santo Domingo.- El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Napoleón Estévez, señaló este lunes tras abordar el debido proceso constitucional en materia penal implica analizar las restricciones que una sociedad democrática impone al ejercicio del poder.
Esto tras manifestar durante la inauguración del VI Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, enfocado en el “Debido proceso constitucional en materia penal”, evento que reúne a destacados expertos nacionales e internacionales del derecho penal, procesal penal y constitucional. El encuentro se consolida como un foro para examinar los desafíos del constitucionalismo contemporáneo.
En ese sentido, citó al jurista italiano Luigi Ferrajoli, al recordar que «las garantías son, pues, los límites y las condiciones del correcto proceso».
El magistrado Estévez resaltó que el artículo 69 de la Constitución dominicana consagra estas garantías fundamentales, que, “lejos de constituir simples formalidades procesales, representan verdaderos límites constitucionales al ejercicio del poder”.
Asimismo, hizo referencia a decisiones previas del Pleno del Tribunal Constitucional al conceptualizar el debido proceso como “un derecho fundamental y como un principio jurídico-procesal que reconoce que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, mediante las cuales se procura asegurar un resultado justo y equitativo dentro de un proceso que se lleve a cabo en su contra, permitiéndole tener la oportunidad de ser oída y hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juzgador”.
Destacó la labor jurisprudencial alcanzada por la corte durante el año 2024 en lo que se refiere a instituciones clave, como la revisión jurisdiccional del hábeas corpus; la regulación de los límites a la reserva de la carpeta fiscal del Ministerio Público; la notificación de sentencia al abogado del imputado privado de libertad; la delimitación temporal del archivo provisional y definitivo, y la obligación de la presencia del abogado del imputado en la actividad probatoria.
Recalcó que estas decisiones impactaron la reforma integral del Código Procesal Penal, aprobada mediante la Ley 97-25, promulgada en diciembre de este año, que incorporó los criterios del colegiado.
El magistrado presidente del TC recalcó que este congreso constituye una valiosa oportunidad para examinar desafíos como la mora judicial y la duración excesiva de los procesos, el populismo penal y la presión de la opinión pública, el avance de la criminalidad organizada y las nuevas modalidades delictivas.
“Los invito a que, a partir de hoy, repensemos el debido proceso no solo como un conjunto de garantías, sino como una verdadera cultura jurídica”, dijo.
Homenaje a Robert Alexy
El magistrado Estévez Lavandier dedicó el cierre de su discurso a rendir tributo a la memoria de Robert Alexy, referente fundamental del constitucionalismo contemporáneo.
Al evocar su legado, destacó una de las enseñanzas del eminente catedrático alemán recientemente fallecido: “El ejercicio del poder jurídico no se agota en la autoridad de quien decide; exige razones capaces de justificar la decisión y hacerla compatible con los derechos fundamentales”.
La jornada de apertura contó con las palabras de bienvenida de la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, quien reconoció al Tribunal Constitucional por mantener este espacio de reflexión, estudio y diálogo, así como por acercar la justicia constitucional a la ciudadanía.
Asimismo, al ofrecer las palabras de motivación, el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, resaltó la importancia de realizar estos encuentros para dialogar sobre los retos del sistema judicial y afirmó que el Tribunal Constitucional ha desarrollado y fortalecido las garantías del debido proceso.
Tras el acto protocolar de apertura, el destacado jurista de la Universidad Humboldt de Berlín, doctor Luis Greco, dictó la conferencia magistral titulada “El poder de juzgar sin la intervención de un juez: la imposibilidad jurídica del juez robot”, en la que reafirmó su postura crítica frente a la automatización del Poder Judicial.
El doctor Greco sostuvo que, si bien el uso de algoritmos y modelos de inteligencia artificial generativa es técnicamente factible, resulta inadmisible desde el punto de vista ético y normativo, pues implica “ejercer el poder de juzgar sin la responsabilidad individual del juzgador”.
Más de 45 expertos participan en el evento
El VI Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional reúne a más de 45 expertos nacionales e internacionales provenientes de Argentina, Costa Rica, España, Estados Unidos, Alemania, Perú, Puerto Rico, Colombia y República Dominicana.
Durante las jornadas, que iniciaron este lunes 21 y concluirán el próximo miércoles, estos juristas y académicos abordarán distintos desafíos relacionados con el derecho penal, el derecho procesal penal y el derecho constitucional, así como los retos que plantea la inteligencia artificial para la administración de justicia.
Sobre el autor
Periodista y abogada con amplia experiencia cubriendo la fuente de Justicia.
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