El activismo que se observa entre algunos aspiraciones presidenciales está fuera de la normativa. Eddy Olivares, vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno, admite que las leyes de Partido y de Régimen Electoral son “letras muertas” para regular la campaña a destiempo.
La Junta Central Electoral, sin embargo, no ha tenido la solidez jurídica para obligar el cumplimiento del marco jurídico, que fija para julio venidero el inicio de la precampaña, que incluye la elección de candidaturas para el Congreso y las alcaldías, después para la Presidencia en mayo de 2028.
El descontrol del activismo induce a cualquier maniobra al margen de una correcta fiscalización, incluido el manejo de fondos públicos o de procedencia ilícita, lo que vendría a lesionar la democracia y la libre competencia.
Cumplir leyes
Es válida la preocupación que hay en diferentes sectores, incluido el empresarial, sobre el impacto negativo de un proselitismo partidario, con un impacto en la economía, poniendo en peligro los logros alcanzados en los últimos años.
Se prevé que la Junta Central Electoral cuenta con mayor fuerza legal e institucional para obligar a los partidos a cumplir con el mandato legal y así concretar que la campaña electoral se inicie a partir del próximo año, en cumplimiento de los plazos establecidos.
Además, esa fiscalización debe abarcar los gastos en que incurran los partidos, ya que siempre hay un misterio.
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