Hace varios años el Gobierno inició una acción cuyo impacto social y económico no ha sido medido en su justa dimensión.

Se trata del plan que ejecuta a través de la Comisión Permanente de Titulación, mediante el cual miles de personas, la mayoría cabezas de familia, han recibido los títulos de propiedad de parcelas de la Reforma Agraria y de apartamentos construidos por el Estado.

Al recibir los títulos, los beneficiarios automáticamente se hacen agentes de crédito, y su propiedad adquiere una plusvalía importante.

Con ese programa se regulariza un bien que por lo regular es de familia y los beneficiarios suelen ser de estrato social medio bajo y bajo.

Esa Comisión ha venido resolviendo muchas situaciones jurídicas que dificultaban la titulación, especialmente en el renglón de casas y apartamentos, que de haber sido abordadas de manera individual por las familias hubieran sido muy complicadas.

El proyecto de titulación ejecutado por el Gobierno dominicano ha mantenido su norte y le ha cambiado el estatus económico a miles de familias.

Hay todavía decenas de miles de viviendas construidas por el Estado, o parcelas de la Reforma Agraria, que faltan por titular. Esperamos que todos los funcionarios que tengan algo que ver con ese proceso se pongan a una para acelerarlo y preservarlo.