WASHINGTON.— Legisladores brasileños pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intervenir en el juicio de destitución de la presidenta Dilma Rousseff y revisar una posible violación al debido proceso.

El Partido de los Trabajadores de Brasil dijo que tres de sus diputados y un senador presentaron la petición de medidas cautelares y una denuncia de violación al debido proceso, aunque la portavoz de la Comisión, María Isabel Rivero, dijo a The Associated Press que desconocía la persona natural o jurídica que solicitó ambas medidas.

El Partido de los Trabajadores publicó el miércoles en su página de internet las solicitudes buscan “suspender el golpe” contra la mandataria suspendida.

En el documento dirigido a la Comisión y que también fue publicado en la página del partido, los congresistas pidieron reinstalar en su cargo a Rousseff, suspender el proceso hasta que la CIDH dirima la petición o suspender el trámite del Senado hasta que se demuestre que se realizará cumpliendo las garantías previstas en la constitución.

Lais Garcia, representante adjunta de Brasil ante la OEA, dijo a la AP que su despacho “tomó conocimiento del pedido por intermedio de la prensa y aún no ha sido notificada formalmente por la CIDH”. Rivero informó sobre las peticiones horas después de que el Senado brasileño votara por abrumadora mayoría enjuiciar a Rousseff, dando un paso más hacia su destitución.

La portavoz explicó que el organismo no tiene plazos mínimos para procesar las dos solicitudes. La Comisión, adscrita a la Organización de Estados Americanos, tiene la facultad de emitir medidas cautelares si considera que el solicitante se encuentra en riesgo de daño irreparable y amerita protección especial del Estado.

El procesamiento de una denuncia en el sistema interamericano suele tardar años hasta que la Comisión formule recomendaciones al Estado en caso de que admita la denuncia y determine que los derechos humanos fueron violados.

La CIDH pidió en mayo al poder legislativo brasileño a “actuar estrictamente dentro del marco de la ley y con apego a los principios del derecho internacional de los derechos humanos” durante el proceso de destitución de Rousseff. El Senado votó en mayo en favor de impugnar a Rousseff y suspenderla de su cargo por un máximo de 180 días mientras se preparaba el juicio.