¿Por qué Santiago Peña fue destituido si ya había renunciado a la presidencia de Paraguay?
- El juicio político tiene consecuencias que van más allá de la salida del poder: una declaración de culpabilidad impide al mandatario acceder a la senaduría vitalicia y a las inmunidades asociadas a esa condición
Santo Domingo. El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia el jueves, pero esa decisión no detuvo al Congreso, que continuó con el proceso de juicio político en su contra y finalmente lo destituyó este viernes.
La decisión plantea una interrogante: ¿qué sentido tenía destituir a un mandatario que ya había manifestado su intención de abandonar el cargo?
La respuesta está en las consecuencias jurídicas de cada procedimiento. La renuncia y la destitución mediante juicio político no producen los mismos efectos en la legislación paraguaya, especialmente en lo relacionado con los privilegios constitucionales que reciben los expresidentes.
Uno de esos beneficios es la senaduría vitalicia, condición que permite a los expresidentes elegidos democráticamente participar en las sesiones del Senado con derecho a voz, pero sin voto.
Sin embargo, el artículo 189 de la Constitución paraguaya establece una excepción: quedan excluidos de esa prerrogativa quienes hayan sido sometidos a juicio político y declarados culpables.
Por tanto, la diferencia entre abandonar voluntariamente la Presidencia y ser destituido mediante un juicio político tiene consecuencias que van más allá del cese de las funciones.
La renuncia debe ser aceptada por el Congreso
El artículo 202, numeral 16, de la Constitución paraguaya establece entre las atribuciones del Congreso aceptar o rechazar la renuncia del presidente de la República y del vicepresidente.
Esto significa que la presentación de una dimisión no produce automáticamente la salida del mandatario. Para que tenga efectos, debe ser aceptada por el órgano legislativo.
En el caso de Santiago Peña, el Congreso no aceptó su renuncia y continuó con el procedimiento de juicio político que terminó con su separación del cargo.
La diferencia es determinante: si la renuncia hubiese sido aceptada, Peña habría conservado, en principio, el derecho constitucional a convertirse en senador vitalicio, siempre que no existiera otra causa de exclusión.
En cambio, al ser declarado culpable en un juicio político, quedó fuera de esa prerrogativa.
¿Qué establece la Constitución sobre el juicio político?
El artículo 225 de la Constitución paraguaya establece que el presidente, el vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo y otras altas autoridades pueden ser sometidos a juicio político por mal desempeño de sus funciones o por la comisión de delitos durante el ejercicio del cargo o delitos comunes.
El procedimiento establece que la Cámara de Diputados debe formular la acusación, mientras que corresponde al Senado actuar como tribunal, celebrar el juicio público y decidir si declara culpable al funcionario.
En caso de una declaración de culpabilidad, la consecuencia constitucional es la separación del cargo. Si existen indicios de delitos, los antecedentes pueden remitirse a la justicia ordinaria.
En el caso de Peña, el Senado lo declaró culpable por mal desempeño de sus funciones y aprobó su destitución por unanimidad de los 44 senadores presentes.
La diferencia con el caso de Richard Nixon
Un ejemplo que permite entender las consecuencias de una renuncia antes de concluir un proceso de destitución es el del expresidente estadounidense Richard Nixon.
En 1974, Nixon renunció a la presidencia de Estados Unidos antes de que la Cámara de Representantes completara el procedimiento de juicio político en su contra por el escándalo Watergate.
Su dimisión hizo innecesaria la continuación del proceso de destitución.
En Paraguay, sin embargo, el escenario era diferente debido a las disposiciones constitucionales sobre la senaduría vitalicia y la exclusión de quienes hayan sido declarados culpables en un juicio político.
La destitución y sus consecuencias judiciales
Es importante aclarar que el juicio político no equivale a un proceso penal. Se trata de dos procedimientos distintos, con objetivos y consecuencias diferentes.
La destitución de Peña tampoco representa, por sí misma, una condena penal. Las posibles responsabilidades por delitos deben ser investigadas y determinadas por los tribunales ordinarios.
No obstante, su salida de la Presidencia mediante juicio político tuvo consecuencias sobre su situación jurídica, al quedar excluido de la senaduría vitalicia y de las garantías vinculadas a esa condición.
Este viernes, después de su destitución, las autoridades paraguayas ordenaron que permaneciera bajo arresto domiciliario, mientras avanza una investigación relacionada con el colapso de Ueno Bank.
La inmunidad parlamentaria asociada a la condición de senador vitalicio habría representado un obstáculo para su detención mientras conservara esa prerrogativa, aunque no supondría inmunidad absoluta frente a una investigación o un proceso judicial.
Por eso, la decisión del Congreso de no aceptar la renuncia y continuar con el juicio político tuvo una consecuencia fundamental: Santiago Peña no solo perdió la presidencia de Paraguay, sino también la posibilidad de convertirse en senador vitalicio y acogerse a las garantías vinculadas a esa condición.
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