SANTO DOMINGO.- La Dirección del Movimiento Participación Ciudadana manifestó que el presidente Luís Abinader debe ejercer su liderazgo en el Congreso Nacional para aprobar las tres causales en el Código Penal.

Al mostrar su total respaldo a las tres excepciones en el campamento instalado frente al Palacio Nacional, manifestaron que el mandatario y los legisladores deben de cumplir sus promesas de campaña a favor de las niñas y mujeres.

El Consejo Nacional de Participación Ciudadana aprobó unirse a los reclamos de la Coalición por los derechos y la vida de las mujeres, la cual está integrada por más de un centenar de organizaciones que han establecido un campamento en los alrededores del Palacio Nacional con el el objetivo de hacer visible sus reclamos de que se aprueben las tres causales en el Código Penal.

“Participación Ciudadana hace un llamado a los partidos políticos, a sus dirigentes y congresistas a mantener sus promesas de campaña electoral sobre este tema, a través de las cuales manifestaron que favorecían ampliamente las tres causales, pues de lo contrario se consumaría un engaño electoral, inaceptable en un Estado Social y Democrático de Derecho”, expresó Leidy Blanco García, coordinadora general de la organización de la sociedad civil.

Blanco García, aseguró, además que desde el movimiento cívico son respetados todos los ciudadanos  que por razones religiosas no están de acuerdo con las tres causales, pero sus convicciones no pueden constituirse en políticas públicas obligatorias para todas las personas.

“Reconocemos que podrían surtir efectos entre quienes comparten dichas creencias que no sufrirán ninguna restricción en sus derechos fundamentales, pues las causales no se imponen en forma obligatoria, sino que dejan en libertad a la mujer de decidir si interrumpe su embarazo o no solo si se encuentra en una de esas tres excepciones, por lo que nuestra posición no es promover el aborto sino sus excepciones”, enfatizó.

La realidad dominicana comprobada es que la penalización absoluta del aborto solo ha perjudicado a los más pobres y ocasiona la muerte de innumerables mujeres cada año, sobre todo menores de edad que deben acudir a clínicas y curanderos clandestinos donde se someten a procedimientos y brebajes que no solo implican un peligro para su vida, sino que además les roba su dignidad y su futuro.

“Cifras oficiales estiman que entre 08 y 13% de las muertes maternas se deben a abortos ilegales, y algunos estudios indican que las mujeres fallecidas por causas vinculadas al embarazo superan el de las fallecidas por violencia de género”, destacó, Leidy Blanco García.

Agregó que «desde Participación Ciudadana hacemos un señalamiento de que, si un proyecto de esta naturaleza llega a convertirse en ley, no le quedaría más remedio al presidente Luis Abinader que honrar su palabra de campaña y observarlo, dilatando de esta manera la aprobación de un código penal necesario, pero que no puede construirse jamás pisoteando los derechos de las mujeres».