Las aguas post electorales están tomando su nivel, dejando claramente establecido que el oficialismo logró que la reelección presidencial fuera votada por más del 60 por ciento de los electores y que además el Mandatario tenga un Congreso afín y con una mayoría tan holgada que puede hacerse aprobar cualquier tipo de legislación.

Esa mayoría legislativa no implica una patente para gobernar de espalda a los actores sociales, que al final de cuentas fueron los que le dieron el respaldo electoral que recibió el oficialismo.

La ley que crea la Estrategia Nacional de Desarrollo traza ejes y para cada uno de ellos manda a la consecución de un pacto.

De ahí se desprendió el “Pacto por la educación” y se discute en la actualidad el “Pacto eléctrico”. Sin embargo, el que financiará esos dos pactos no ha sido ni siquiera convocado. Se trata del “Pacto fiscal”.

La estabilidad de las finanzas pública pende de un hilo. La calidad del gasto necesita mejorar con urgencia, el Estado requiere mejorar sus ingresos, pero los sectores productivos requieren de una mejor distribución de la carga fiscal.
Pero el tiempo se agota y cada mes aleja más la posibilidad de que la reforma fiscal próxima sea como consecuencia de un pacto.

El Gobierno requiere con urgencia aumentar sus ingresos si quiere mantener sus planes actuales.
Una reforma fiscal no pactada traerá como consecuencia mucha intranquilidad y hasta agitación social. Estaríamos frente a otro odioso “paquetazo”.

Urge acelerar el inicio de las negociaciones para un pacto fiscal.