Juez continúa audiencia preliminar en Operación Nido
Santo Domingo.- La Defensa del exdirector de Políticas de Desarrollo de la Zona Fronteriza del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), , Erick Joan Dorrejo Medina, explicó que su representaod devolvió 187,000 dólares al Ministerio Público que había recibido como parte de la venta de un inmueble a los implicados en el denominado «Caso Nido».
La información fue dada a conocer por la defensa de Dorrejo Medina durante la audiencia del juicio preliminar, presidida por el juez Raymundo Mejía, tras aclarar que su representado no está implicado en el caso.
Según sus abogados, el monto fue entregado al Ministerio Público el pasado 6 de noviembre.
El caso Operación Nido involucra a varios acusados de corrupción y malversación de fondos destinados a proyectos inmobiliarios.
Sobre la Operación Nido
Los imputados en la operación Nido son: Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, María Gabriela Rivera Pichardo, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Reilin Arismendy Rosario García, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Juan Omar Rosario López y las personas jurídicas Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos, INDISARQ y CRD Equipos Pesados, SRL, RNC, indica que la mayoría de los afectados son personas trabajadoras que con sacrificios aportaron importantes cantidades de dinero para adquirir una vivienda que nunca recibieron.
Además, que cuando reclamaban varios de ellos eran amenazados e intimidados por el cabecilla de la red, Emmanuel Rivera Ledesma, quien los desafiaba a ir a la justicia, instancia en la que, según pregonaba, las víctimas saldrían sin lograr nada.
“Entendemos que los hechos son graves, que la afectación no es solamente económica, sino también en el plano psicológico, emocional, familiar, hasta laboral incluso, de muchas de estas víctimas”, dijo Jáquez, quien indicó que muchas de las personas estafadas batallan con condiciones delicadas de salud.
La red criminal utilizó los vehículos societarios Indisarq y SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, a través de las que crearon un esquema inmobiliario fraudulento para la ejecución de estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de las víctimas a las que ofertaban viviendas a través de nueve proyectos inmobiliarios.
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