El Día 
SAN CRISTÓBAL.- La titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, procuradora de corte Ramona Nova Cabrera, destacó este sábado que el Ministerio Público cuenta con suficientes pruebas contra los involucrados en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Resaltó que solo para el conocimiento de la medida de coerción los fiscales aportarán más de 300 evidencias contra los imputados, para quienes han solicitado la imposición de 18 meses de prisión preventiva y que se declare el caso complejo.
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Nova Cabrera recordó que la Operación Larva se ejecutó como continuación del Caso Corona, del que se encuentran 16 personas guardando prisión, que fueron judicializadas por el Ministerio Público y a quienes ya se le presentó acto conclusivo.
“En el caso que nos ocupa (Operación Larva) se trata de una investigación financiera de lavado de activos que es el resultado como consecuencia de la investigación de ese primer proceso que se judicializó”.
Nova Cabrera explicó que la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal suspendió la audiencia para el próximo viernes 5 de noviembre, a las 9:00 de la mañana.
Detalló que el aplazamiento se produjo a los fines de dar oportunidad a la defensa técnica de los imputados de preparar sus medios, así como para citar regularmente algunas personas jurídicas que están puestas en causa y que no fueron convocadas por el tribunal en el día de hoy.
Nova Cabrera encabezó el equipo de fiscales que estuvo en audiencia junto a la titular interina de San Cristóbal, Ramona Santana Uceta, quien destacó que el Ministerio Público tiene un caso sólido del que, más adelante, en el transcurso del proceso que está bajo investigación, ofrecerá las informaciones de manera oportuna.
El equipo del Ministerio Público estuvo integrado además por los fiscales Luis Alberto García, Daryl Montes de Oca, Laura Segura y Fanny Garabito.
Las representantes del Ministerio Público ofrecieron sus declaraciones al ser abordadas por la prensa en el Palacio de Justicia Máximo Puello Renville.
Domenico Eduardo Núñez Pimentel, juez suplente de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, adscrita al Segundo Juzgado de la Instrucción, suspendió la audiencia a las 10:30 de la mañana, tras acoger una petición de las partes.
Los encartados son Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
En tanto que como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
El Ministerio Público desmanteló la red de lavado de activos en coordinación con el Centro de Información y Coordinación Conjuntas (CICC) y la Dirección de Investigaciones Financieras (Difla) de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
En el transcurso de las pesquisas el órgano del sistema de administración de justicia ha destacado que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
Además, ha establecido que los involucrados en el Caso Larva forman parte de una organización criminal dedicada a traficar drogas y a lavar activos producto de operaciones de narcotráfico a gran escala. En ese sentido, precisó en la solicitud de medida de coerción que para garantizar esas operaciones y mantener el control incurrieron en hechos de sangre.
Los integrantes de la red inyectaban, sobre todo en el sector inmobiliario, las ganancias irregularmente obtenidas producto de las actividades propias del crimen organizado. En las investigaciones se ha determinado que adquirían, a través de familiares de los principales miembros de la estructura y mediante la utilización de compañías fantasmas, inmuebles suntuosos en sectores exclusivos del Distrito Nacional, Punta Cana y Santiago de los Caballeros, así como también vehículos de alta gama y armas de fuego de alto y bajo calibre.
La organización criminal está vinculada a una red de narcotráfico denominada Corona que el 16 de marzo de 2020 introdujo al país la cantidad de 724.35 kilogramos de cocaína clorhidratada, por la costa de Nigua, provincia San Cristóbal, en una embarcación proveniente de Colombia.
El 15 de septiembre de 2020 la Fiscalía de San Cristóbal y la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo presentaron acusación contra José Aníbal González Luna, José Aníbal González Cubilete (El Don), Manuel Alejandro Lara Martínez, Julio Ignacio Morel Adames y otros 12 implicados en el Caso Corona, en el que las autoridades ocuparon un arsenal, incluyendo tres fusiles y una metralleta.
