SANTO DOMINGO.- La red de lavado de activos desmantelada por la operación Larva, inicio en el 2007 sus actividad de blanqueo capitales producto del narcotráfico, creando su primera compañía Dollar Express J.L.H.

Así consta en la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público donde indica que el presunto jefe de la red de narcotráfico José Anibal González Cubilete alias El Don, quien junto a su hijo José Anibal González Luna lideraba la red de lavado y contaba con la colaboración de su primo y principal socio de la organización Jorge Luis Herasme empezaron a la operación blanqueo de capitales.

Para esto, además de la referida compañía también empezaron a crear otras empresas a través de sus familiares. De acuerdo al documento depositado ante la Oficina de Atención Permanente de San Cristóbal donde se está pautado conocer la solicitud de medida de coerción a los 14 imputados en caso Larva.

Anibal González, utilizaba a sus familiares y allegados con la colaboración estratégica de su primo Jorge Luis Herasme Estrella.

El domicilio de la compañía Dollar Express J.L.H funcionaba donde está ubicada la financiera Presta Bella Vista, propiedad de Jorge Luis Herasme.

El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.

Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).

Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.

Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.

Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.

El Ministerio Público desmanteló la red de lavado de activos en coordinación con el Centro de Información y Coordinación Conjuntas (CICC) y la Dirección de Investigaciones Financieras (Difla) de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

La organización criminal está vinculada a una red de narcotráfico denominada Corona que el 16 de marzo de 2020 introdujo al país por la costa de Nigua, San Cristóbal, 724.35 kilogramos de cocaína clorhidratada en una embarcación proveniente desde Colombia.

El 15 de septiembre de 2020 la Fiscalía de San Cristóbal y la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo presentaron acusación contra José Aníbal González Luna, José Aníbal González Cubilete (El Don), Manuel Alejandro Lara Martínez, Julio Ignacio Morel Adames y otros 12 implicados en el Caso Corona, en el que las autoridades ocuparon un arsenal, incluyendo tres fusiles y una metralleta.

El Ministerio Público establece que los involucrados en el Caso Larva forman parte de una organización criminal dedicada a traficar drogas y a lavar activos producto de operaciones de narcotráfico a gran escala. “A los fines de garantizar esas operaciones y de mantener el control incurrieron en hechos de sangre”, dice la solicitud de medida de coerción.

Los integrantes de la red inyectaban, sobre todo en el sector inmobiliario, las ganancias irregularmente obtenidas producto de las actividades propias del crimen organizado. En ese sentido, adquirían, a través de familiares de los principales miembros de la estructura y mediante la utilización de compañías fantasmas, inmuebles suntuosos en sectores exclusivos del Distrito Nacional, Punta Cana y Santiago de los Caballeros, así como también vehículos de alta gama y armas de fuego de alto y bajo calibre.