El caso Odebrecht resulta un punto de inflexión a nivel de casi toda América Latina en varios aspectos, todos relacionados con la corrupción (pública y privada) y sus consecuencias. Faltan aspectos a develar y condenas definitivas, pero lo acontecido es por mucho el escándalo más grande en nuestro subcontinente este siglo y en gran medida del siglo pasado. Veamos aspectos del mismo en nuestro país.

Un primer aspecto esencial es que todo uso de recursos públicos de manera corrupta siempre empobrece a la sociedad. Sea que dichos recursos sean robados directamente, o que decisiones con el uso del erario público estén guiados por intereses particulares de los que deciden y no el bien de la sociedad, o que intereses privados intervengan en la toma de decisión para favorecer sus negocios. Excluyendo la falta de capacidad profesional, prácticamente todos los grandes casos de corrupción pública son acciones planificadas por individuos o grupos conscientes de la naturaleza criminal de sus acciones.

Un segundo aspecto es que las acciones judiciales contra los involucrados presenta una variedad significativa. En la mayor parte de los casos no se ejecuta ninguna acción porque el acto corrupto es bien encubierto o el Ministerio Público no tiene capacidad para detectarlo. En otros casos el hecho se hace público, usualmente por los medios de comunicación, pero no hay respuesta de parte del Estado. En un tercer caso el caso es sometido a la justicia por el Ministerio Público, pero termina engavetado. En el cuarto tipo de caso se inicia el proceso pero genera muchas dudas en la población las inclusiones y exclusiones de los imputados. No conozco caso alguno de corrupción significativa en el país con condenas firmes y claras.

Un tercer aspecto es que tanto los actores de los hechos de corrupción, como aquellos que propician la impunidad desde los diferentes ámbitos del Estado, generan un modelo social que promueve el individualismo rapaz, quiebra todo intento de solidaridad y la moral es percibida como una farsa, especialmente por los más jóvenes. Con políticos corruptos, fiscales y jueces que favorecen la impunidad, y comunicadores “bocinas” que ensalzan a los corruptos, el tejido social se va disolviendo y se bloquea toda iniciativa política dirigida al bien común, ya que siempre existe la sospecha de que es un engaño para que viejos y nuevos ladrones vacíen el erario público.

Cuando una sociedad carece de modelos positivos en el mundo del servicio público o la iniciativa privada, ambos vinculados por Odebrecht, la capacidad de la educación formal y la familia para estimular la honestidad personal y la integridad social en los niños y jóvenes se debilita.

El discurso del éxito de los corruptos gana fuerza por la acción de las bocinas y humilla a quienes trabajan honradamente y aceptan el ingreso adecuado a su labor. Promover la riqueza abundante y fácil, sin esfuerzo, mata todo proyecto social y anula la construcción de una civilización decente.