Los partidos políticos son, sin duda, la cara electoral de la democracia y su actividad en esa dirección le proporciona a la población una vía apropiada para canalizar sus preferencias sobre la base de las afinidades.
Pero de esta conveniencia, la de que exista una amplia variedad de opciones, a la actividad permanente de los que aspiran a que sus partidos los lleven como candidatos presidenciales, hay una distancia que debe ser considerada.
Con el propósito de evitar la campaña electoral permanente, no de los partidos, sino de los que se consideran con las capacidades para la administración del Estado, el legislador ha establecido dos leyes con los criterios de cómo, cuándo y dónde efectuar la promoción personal, de manera que no sustraiga a la población de los deberes cotidianos, no se destinen recursos económicos y humanos de forma desmedida a esta actividad ni interfiera con el desenvolvimiento efectivo de la vida productiva.
La Junta Central Electoral ha advertido a quienes han iniciado esta carrera por las candidaturas de sus partidos cuáles son los riesgos a los que se exponen, lo cuál es oportuno.
No se trata de poner a dormir la actividad partidaria hasta el año 2024, ni de enterrar la vocación y las legítimas aspiraciones de cada cual, la esperanza es que estas puedan ir en adelante sujetas a lo que establece la ley y ser pacientes.
