SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público apelará la medida de coerción impuesta al imputado Miguel Arturo López Florencio (Miky López), acusado de ser el cabecilla de una red de lavado de activos proveniente del narcotráfico de pastillas de éxtasis, junto a otros cuatro vinculado a la organización criminal.

Un juez de la Oficina de Atención Permanente de esa jurisdicción dictó tres meses de prisión a Miky López, mientras que a los demás implicados a la red de lavados les impuso una medida no privativa de libertad.

El magistrado impuso el pago de un millón de pesos en efectivo, impedimento de salida del país, presentación periódica, y la colocación de un grillete electrónico  a cada uno de los hijos de Miguel López, a los imputados  José Miguel López Pilarte y Miguel Arturo López Pilarte, y a su cuñada Ada María Pilarte.

Mientras, que el juez impuso el pago de RD$10 mil en efectivo e impedimento de salida al exterior al empleado de Miky López, José Antonio Román.

Sin embargo, el Ministerio Público solicitó que se le imponga a los imputados 18 meses de prisión preventiva a cada uno de los imputados y se declarara complejo el caso, por existir evidencias que presentaron en el tribunal que establecen que se trata de una red de criminalidad organizada por la pluralidad de imputados.

El Ministerio Público señalo que el juez no valoro las evidencia, tras establecer que Miguel López utilizaba de testaferro  al empleado para ocultar los valores, realizando este depósitos a su favor y de diversas empresas por más de RD$ 3,168,764,813.00.

Mientras que Miky López utilizaba a sus familiares para ocultar propiedades y bienes, dentro de los cuales se encuentran sus hijos José Miguel López Pilarte y Miguel Arturo López Pilarte, y su cuñada Ada María Pilarte.

El grupo fue sometido a la justicia, luego que el Ministerio Público luego un operativos donde se realizaron allanamientos en el transcurso de la investigación a diferentes inmuebles propiedad de Miguel López, encontrándose múltiples evidencias que lo vinculan a esa peligrosa actividad criminal que habría movilizado en el sistema financiero nacional más de 7 mil millones de pesos, procedencia ilícita y que no están en los reportes hecho de la Dirección General de Impuestos de Internos (DGII), y que supuestamente fueron creadas empresas de carpeta para la colocación de estas sumas en el mercado formal.