Juezas rechazan extinción del caso Medusa y ordenan al Ministerio Público lectura de la acusación
- Las magistradas determinaron no hubo violación del plazo y aclara el límite del proceso no se aplica con "conteo matemático"
Santo Domingo.- Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazaron este lunes declarar la extinción de la acción penal solicitada por la defensa del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, principal acusado en el caso Medusa por el presunto desfalco de más de RD$6,000 millones en perjuicio del Estado dominicano.
Asimismo, ordenaron al Ministerio Público dar inicio a la lectura de la acusación contra el exprocurador y los demás imputados del caso Medusa.
El tribunal, presidido por la jueza Claribel Nivar Arias e integrado por las magistradas Yissell y Clara Castillo, adoptó su decisión luego de exponer el recuento del proceso seguido al exprocurador en todas sus fases. Las juezas entendieron, de manera unánime, que no hubo violación del plazo máximo establecido por el Código Procesal Penal.
En la motivación de la decisión, las juezas determinaron que, aunque el proceso contra Jean Alain Rodríguez sobrepasó la duración máxima del proceso penal, establecida en cinco años, ocho meses y 17 días, el vencimiento de dicho plazo no opera de forma matemática ni automática para declarar la extinción de la acción penal.
Las magistradas explicaron que, para determinar si procede la extinción, es necesario ponderar las dilaciones, la complejidad del expediente y la conducta procesal de las partes.
La petición, basada en el alegado vencimiento del plazo máximo de duración del proceso, contó con la adhesión de otros imputados, entre ellos personas jurídicas y la persona física José Luis Liriano Adames.
Evolución del plazo máximo del proceso penal
Al fundamentar su análisis, las juezas repasaron la evolución legislativa sobre la duración máxima del proceso penal en la República Dominicana. La Ley 76-02 fijaba un límite de tres años; la Ley 10-15 lo extendió a cuatro años; y la reforma implementada mediante la Ley 97-25 lo elevó a cinco años.
La defensa sostiene que debe aplicarse el principio de favorabilidad y fija el inicio del cómputo procesal en noviembre de 2020, fecha en que al exfuncionario se le impidió salir del país mediante una alerta migratoria.
El tribunal confirmó que, bajo jurisprudencia constante del Tribunal Constitucional, la afectación de derechos fundamentales, como una traba migratoria, marca el nacimiento formal del proceso para el imputado.
Bajo este criterio, el tribunal reconoció que la causa acumula un tiempo de 5 años, 8 meses y 17 días en el sistema judicial, sobrepasando los plazos fijados en las distintas normativas procesales.
Sin embargo, respecto al pedido de extinción automática de la causa, el tribunal precisó que la jurisprudencia constitucional reciente, entre ellas las sentencias TC/1046/24, TC/1241/24 y TC/0157/26, no establece un mecanismo mecánico o puramente cronológico.
La norma exige evaluar cada caso tomando en cuenta la complejidad del asunto, las incidencias del expediente, la conducta procesal de las partes y si los aplazamientos respondieron a actuaciones dilatorias o a la garantía del debido proceso y el derecho a la defensa.
Esto se produjo luego de que las magistradas realizaran el recuento del proceso seguido al exprocurador en todas sus fases, por lo que entendieron, de manera unánime, que no hubo violación del plazo máximo que establece el Código Procesal Penal, sino que el tiempo transcurrido se mantuvo dentro de un plazo considerado razonable.
Defensa de Jean Alain Rodríguez solicitó la extinción.
La barra de la defensa del exfuncionario, encabezada por el abogado Carlos Balcácer, había realizado el pedimento ante el tribunal presidido por la jueza Claribel Nivar Arias, alegando que el proceso judicial supera los cinco años en los tribunales y excede el plazo máximo de cuatro años establecido por el Código Procesal Penal.
Por su parte, los representantes del Ministerio Público solicitaron al tribunal rechazar dicho pedimento, al considerar que los retrasos en el proceso han sido provocados por las actuaciones dilatorias de los propios abogados del imputado.
El pasado miércoles, el tribunal pospuso para este lunes el fallo sobre esta solicitud.
El origen de la controversia se remonta al pasado 16 de febrero, con la presentación de varios incidentes, los cuales fueron rechazados por el tribunal el 27 de julio, fecha tras la cual la defensa procedió a formalizar la solicitud de extinción de la acción penal.
Imputados presentan más incidentes
Luego de que las magistradas emitieran la decisión, los imputados que incluye Rafael Solano, Ramón Burgos y otros implicados en el caso Medusa presentaron nuevos incidentes, entre ellos la solicitud de declarar la extinción de la acción penal del proceso seguido al exprocurador Jean Alain Rodríguez y a los demás imputados del caso Medusa.
Las distintas fases del caso Medusa
El Ministerio Público inició la fase de investigación del caso Medusa en 2021. Desde entonces, la defensa ha presentado diversas acciones con las que busca detener o dilatar el proceso judicial.
Fue el 13 de julio de 2021 cuando un juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó las primeras medidas de coerción contra los implicados en el expediente.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) imputa a Jean Alain Rodríguez múltiples delitos cometidos entre 2016 y 2020. Entre ellos destacan presuntos fraudes vinculados al Comité de Compras y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, sobornos, lavado de activos y un desfalco al Estado superior a los RD$6,000 millones.
El Ministerio Público acusa a Jean Alain Rodríguez de múltiples actos de corrupción, incluyendo presuntos fraudes vinculados al Comité de Compras y Contrataciones de la Procuraduría General de la República durante su gestión entre 2016 y 2020.
De acuerdo con el expediente, Rodríguez y otros imputados enfrentan cargos por un presunto desfalco superior a RD$6,000 millones en perjuicio del Estado dominicano, así como por delitos de corrupción, soborno y lavado de activos.
Sobre el autor
Periodista y abogada con amplia experiencia cubriendo la fuente de Justicia.
